El juicio de ZD: y 19. Asuntos marginales (II) La importancia de los detalles

El momento más sublime del juicio se produjo con la intervención de una experta en lingüística, propuesta para explicar los posibles significados de una expresión en catalán al traducirla al castellano. ¡Qué delicia escucharla! ¡Qué propiedad en el hablar! Una lástima que su intervención durase tan poco. Se podía estar disfrutando de su dicción, de su precisión, durante horas sin cansarnos.

A otro nivel de anécdota nos encontramos con los momentos de gloria de la marca de agendas Moleskine, que deben ser que visten mucho en los círculos políticos. Yo pensaba, ajeno a ese mundo de la marca de postín, que eso de la agenda Moleskine, tan mencionada en la vista,  sería algo así como un plan, una hoja de ruta, de algún pensador o teórico de la autodeterminación, pero me caí del nido cuando en unos importantes grandes almacenes las agendas Moleskine tienen expositor propio, separado de las agendas del montón. En ese momento me di cuenta de que, lógicamente, el proceso de secesión catalán no podía tener relación con una agenda corriente y moliente y que en esto de las agendas también existe la pijada.

Anecdótico también fue el error de una de las abogadas  del Estado cuando se dirigió al presidente del tribunal rebajando el tratamiento a ilustrísimo, en lugar de excelentísimo. Craso error, que todavía hay clases, cometido después de que el presidente ejerciera su autoridad cortando o reconduciendo con firmeza la intervención de la abogada. Cosas del subconsciente.

Este asunto de los tratamientos habría que analizarlo y plantearse qué función tienen hoy día unos protocolos nacidos en otras épocas en donde las sociedades se encontraban muy mediatizadas por las clases, las categorías y las castas. Me pareció digno de caricatura presenciar a dos personas llamándose recíprocamente “excelentísimo señor”.  La verdad es que esos tratamientos quedan anacrónicos, reductos nostálgicos de tiempos pasados en donde la igualdad entre ciudadanos no se concebía. Quizá el día que España sea una república, y nadie sea más que nadie, se abandonen esos protocolos.

Entre tanto tratamiento, resulta chocante, y a mí me parece escandaloso, que el encargado de manejar la transmisión de la señal de la sala fuese simplemente “Paco”. Este grado de familiaridad es impropio de la solemnidad de un juicio de estas características. Por muy conserje, ujier o lo que sea,  por muy abajo que se encuentre alguien en estas divisiones sociales que manejamos, esa persona se merecía un “señor” seguido de “conserje”, “técnico” o lo que quiera que fuese. El hecho de dirigirse a él en público como “Paco”, a secas, denota una importante falta de estilo o un clasismo galopante, que todo puede ser. O todos somos don Francisco o todos somos Paco. Elijan.

Hablando de otra cosa menos seria: dada la categoría de la sala me sorprendió una afirmación/pregunta de uno de los fiscales, refiriéndose a los avisos  previos que se producían para dar cuenta de la llegada inminente de convoyes de la policía. El fiscal dijo algo así cómo: “o sea, para dar el queo”. Esperé que siguiera con la jerga en su intervención y saliese a relucir “el trullo” o “la pasma”. Hubiera estado simpático, pero no pasó de ahí, aunque de esta manera fuimos conscientes de su dominio en el manejo de diferentes registros.

Terminamos. No hay detalle el que no se pueda aprender y del que no se puedan sacar conclusiones. Esos detalles pueden decir más que las trilladas grandes palabras y son más significativos que muchas parafernalias ancladas en la tradición. Todo importa.

Aldeabitácora agradece al Zorro Desenmascarador el trabajo realizado durante meses para darnos su visión de este juicio y por aportar su grano de arena a la Verdad y a la Justicia. Esperamos contar con este héroe en más ocasiones. De nuevo: GRACIAS.

El juicio de ZD: 18. Aspectos marginales (I). Entre la petulancia y el ridículo

Tuvo que ser un perito extranjero  el que diese una lección de bien hablar y respeto en el uso de la lengua española cuando se refirió a “momentos de interlocución”. Situación que otros castizos testigos, con el castellano como lengua materna, despacharon con un sonoro y malsonante “interlocutar”.

Existen estamentos, o ambientes si se quiere, en los que, por algún tipo de complejo, se esfuerzan en distinguirse del común de los mortales procurando utilizar palabras o expresiones que sobrepasan el rico acervo lingüístico del que disponemos. Ya pueden académicos y expertos dar toques de atención sobre el empobrecimiento cultural que supone ese maltrato a nuestra lengua. Unos se darán pisto eliminando artículos en nombres que los han llevado toda la vida y otros se inventarán, por desidia o para significarse, expresiones  o palabros que relegan a otros vocablos de mucha tradición o, incluso, de gran belleza. Ese esfuerzo por parecer entendido, por utilizar una jerga que pretende acrecentar la sensación de encontrase ante personas u ocupaciones superiores resulta ridículo. Si fuesen conscientes de ello les saltarían los colores a la cara, si todavía alguien no ha perdido esa capacidad.

¿Se puede discutir que “parlamentar” no refleja mucho mejor, tiene más solera y es más estética, para referirse a la situación de interlocución entre policías y manifestantes,  que “interlocutar”? Pero eso sería demasiado sencillo para los que complicar las cosas es elevarse por encima de la plebe. Del mismo corte es la utilización de “peticionar” por no decir “pedir”. ¿Quizá por concomitancia con la limosna? Vaya Vd. a saber. ¿Y qué me dicen de “vandalizando”, que es gerundio? A alguien la habrá parecido que si existe vandalismo puede utilizar sin reparos el verbo vandalizar. Vándalos del lenguaje es lo que son.

Esa misma elevación es lo que debió pretender el testigo al que le sabía a poco un simple “nos dijeron” o “nos comunicaron”, propios de las personas llanas, y tuvo que soltar un “nos compartieron”, seguramente influencia de la proliferación de esos grupos de vivencias espirituales o de superación personal donde se insta a compartir experiencias. ¿No es para soltar la carcajada?

Para reírse es también la forma de evitar, quizá por oscuras y profundas asociaciones, el término “pareja” para referirse a dos policías en misión. Como si decir “pareja” evocase irremediablemente a dos sujetos cometiendo guarrerías. ¡Adonde hemos llegado! Pues a inventarse que la expresión matemática “binomio” es aplicable a la pareja de guardias de toda la vida. Así que el 1 de octubre, día de marras, hubo binomios que pasaron del álgebra a visitar, con su parte literal y todo, colegios electorales; monomios infiltrados que informaban de los acontecimientos y polinomios con casco y defensa al mando de Newton o de Ruffini.  Los niños ya no se pondrán en las escuelas por parejas para ensayar pasos de baile y trabajar la psicomotricidad, ahora formarán binomios. De risa, ya digo.

Debería existir un libro de estilo lingüístico para las fuerzas de seguridad, y así podríamos evitar escuchar eso de vehículos “no logotipados” para referirse a los coches camuflados, palabra esta mucho más elegante y que algunos testigos sí han utilizado haciendo gala de su buen gusto. Lo mismo podríamos decir de los dichosos “brifings” (escrito tal como suena) que tantas veces hemos escuchado en este juicio. ¡Con lo bien que quedaría “reunión previa” o “reunión informativa”!

Ya no tenemos folletos ni trípticos ahora tenemos “flaiers”, y “col center” (también escritos como suenan) que no es, esto último, un tipo de verdura. No comprendo la razón por la que si en el fútbol se hace el esfuerzo de decir  saques de esquina y fuera de juego, otros mundillos se van a lo fácil, pero penoso, de pronunciar a lo inglés.

Estas cosas del lenguaje me han traído por la calle de la amargura durante el juicio. Tan es así que puede que a lo largo de las sesiones tuviera una especie de paranoia y escuchase lo que nunca se pronunció. Porque hubiera sido demasiado que se hubiera dicho “baipasar” de bypass. A mí me lo pareció, pero quizá me lo imaginase, por la obsesión.

Ojalá todos hubieran puesto el mismo miramiento en el hablar que el testigo que mencionó la “bufanda tubular” por no soltar ante tan magno auditorio aquello de “braga”. Me quito el sombrero ante semejante esfuerzo.

El juicio de ZD: 17."Ego te absolvo..."

En algún momento dijimos que en el juicio se ventilaban tres asuntos principales. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de que se haya producido rebelión,  sedición,  o nada, y el papel que se haya podido asignar a esa “violencia”  que nos han mostrado del derecho y del revés. El otro asunto tiene que ver con la actuación de la policía autonómica de Cataluña. Y el tercero con el uso, o mal uso, de los recursos, o bienes, públicos puestos a disposición de las autoridades catalanas.

Una cosa está clara: no hubo derecho a la ocupación  de instalaciones públicas para organizar la votación del 1 de octubre. Los responsables de esos centros no pueden disponer de ellos según su capricho porque es utilizar los bienes que tienen encomendados, y que pertenecen al común,  para unos fines partidistas  cuando menos. Este asunto no carece de importancia, ya que muestra el nivel de espíritu cívico y de comprensión de lo que significa la titularidad pública. Pero no esperen otra cosa de una sociedad que tolera el uso de parajes naturales de patrimonio nacional para vacaciones de gobernantes, que utilizan medios de transporte para hacer algún “recado” que otro aprovechando viajes oficiales,  incluyendo en ocasiones a la pareja, que no debería ni aparecer en esas situaciones. Así que no es de extrañar que con el ejemplo de los “mayores” haya gente a la que no le importe pisotear los bienes públicos y lo que significan.

Hubo disquisiciones sobre la imputación económica de las ocupaciones de locales el 1 de octubre. Técnicos discutiendo, absurdamente si se piensa, si se pueden valorar esos inmuebles como alquilados, si había que fijarse solo en las aulas con urnas o en todas las instalaciones, si es correcto utilizar este o aquel método de cuantificación. Zarandajas. Hubo aprovechamiento indebido de bienes públicos por parte de los ocupantes,  y los funcionarios que lo facilitaron no cumplieron con su obligación de custodia de esos bienes. Llámese como corresponda la figura del código penal  que lo contemple, que tampoco me importa. Pero lo que está claro es que en este caso los responsables son los individuos que entregaron llaves, los que abrieron por sí mismos y los que se instalaron allí como el que acude a la fiesta de cierre de temporada de su piscina comunitaria. No es razonable que los acusados sean condenados por estos hechos como si se  hubiesen servido de obedientes autómatas  sin inteligencia ni voluntad; no constando, además, que ordenasen ni organizasen esas ocupaciones y actividades.

Por otro lado, no me parece que se haya demostrado fehacientemente daño al erario público, causado por las personas juzgadas,  que se pueda atribuir a campañas sobre el referéndum ni a la celebración del mismo. Otra cosa es el empleo de alguna organización, tipo fundación, para sufragar viajes de  expertos internacionales que observasen la realidad social y política de Cataluña. Será a los responsables de esos organismos sostenidos en parte con fondos públicos a los que habría pedir explicaciones sobre el empleo de sus recursos, aunque parece que en este país se tiene la manga muy ancha con este tipo de sociedades sin ánimo de lucro en el que participan, además de gobiernos autonómicos, patronos variopintos que van desde bancos a sindicatos pasando por grandes almacenes. Claro que, seguramente, esa responsabilidad caería en el ámbito del “error de gestión” al que nos tienen acostumbrados políticos y directivos de empresas públicas. Lo mismo se puede decir del uso partidista e ideológico de medios de comunicación públicos, en este caso catalanes,  que no tienen en cuenta escrúpulos morales en el uso de los recursos que se han  puesto a su disposición.

Dada la magnitud de la movilización popular y la descoordinación, pretendida o no por las autoridades,  de la actuación policial concurrente, no es razonable concluir que la policía autonómica  catalana favoreció la celebración del referéndum ni promovió el incumplimiento de leyes o la separación de Cataluña. Al margen de que pudo haber miembros del cuerpo catalán que mostrasen su empatía  con el independentismo, no hubo una situación de colaboración con el movimiento por la independencia, por mucho que se haya querido subrayar la inacción de una policía autonómica en unos acontecimientos que no estaban previstos suficientemente. Fueron las mutuas desconfianzas, las ideas preconcebidas y, quizá, la impericia en el manejo de una situación que los máximos responsables políticos de la nación dejaron cómodamente en manos "técnicas", como si se tratase de una avería en la acometida de aguas, las que propiciaron actuaciones policiales tan dispares.

A pesar de que sí se puedan calificar de violentas algunas actitudes que pretendían evitar la acción policial el 1 de octubre y las que resultaron del acoso a convoyes y acuartelamientos de las fuerzas de seguridad, no se puede decir que se haya recurrido a la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. No se han utilizado armas ni se han retenido a personas ni tomado edificios del Estado. Así que si para que haya rebelión, según el código penal, es determinante violencia, habrá que concluir que no se puede aplicar esa calificación de los hechos. Además, los rebeldes no acatan decisiones sobre el cese de sus funciones por aplicación de un artículo de la Constitución. Los rebeldes no entregan el poder, el poco o mucho que pudieran ostentar a las primeras de cambio, cuando se lo reclama la legislación vigente.

Es posible que se entorpeciera la acción policial en algúno de los registros ordenados por la autoridad  judicial o a la hora de impedir el referéndum, pero si lo que puede llevar a penas por sedición se basa en las concentraciones ante dependencias de la Generalitat, o con motivo de registros, sería forzar en extremo esa calificación por sedición, ya que la acción popular era más una protesta que una oposición firme y con fuerza al trabajo de las comisiones judiciales. Y, en cualquier caso, no ha quedado acreditado que ese supuesto impedimento a las órdenes judiciales, aun considerándolo suficiente para calificarlo de sedición,  fuera alentado de forma concluyente por ninguno de los acusados.

Esto es lo que hay. Ahora vendrá la Justicia.

El juicio de ZD: 16.Las dos cruces de la moneda

Llegamos a un momento desagradable, espinoso, ingrato, que es hablar de esa animadversión, de ese “odio” que, a veces expresamente y en ocasiones sobreentendido, se mencionaba por los testigos y que se instaló, como bicho de mal agüero, en la sala; siendo un componente más de esa “coreografía” de venias, pertinencias, turnos, protestas, pruebas y declaraciones.

Podría parecer que existen conflictos, más o menos virulentos, entre “legitimidades”,  entre  textos de leyes y constituciones, pero al final siempre se traducirán esos conflictos en acciones de las personas o sobre ellas. Eran personas las que gritaban a los policías que se fueran de su tierra, y eran personas las que jaleaban para que se fuese  “a por ellos”. Eran personas las que percibieron miradas de odio y rencor de intensidad inaudita y eran personas, acusadas, las que en la vista han dejado traslucir un profundo sentimiento de superioridad.

Sí. Es una apreciación subjetiva, no lo negaré, pero si se escarba en esas recomendaciones  a otros pueblos de este estado para que sigan el ejemplo del catalán, en esa generalización de unas supuestas virtudes específicamente catalanas, lo que requiere la comparación con otras gentes y en la que lógicamente saldrá favorable a los propios interesados, habrá que determinar que subyace la idea de que los líderes del movimiento secesionista forman parte de una sociedad incomparablemente mejor que la  de los españoles.

La sensación de superioridad de lo catalán brota espontánea porque es la vitola de la burguesía transmitida de generación en generación. Por eso algunas figuras públicas de Cataluña se permiten hablar,  incluso burdamente, de diferencias y similitudes  genéticas y de la mayor o menor afición al trabajo de otros pueblos.

Realizando un análisis con cierta profundidad se verá que una parte del rechazo  a lo catalán, aparte de la manipulación ejercida durante años por el partido oficial de la derecha, se debe a ese mirar por encima del hombro a los españoles.

Vamos a prescindir en nuestro razonamiento, que ya es prescindir, de la multiculturalidad y de la diversidad  propia de los tiempos que corren y que son patentes en los pueblos y ciudades de Cataluña,  tapándonos la nariz para no oler el tufo a exclusión; y vamos a conceder que existe una forma de ser específica del catalán, estupenda, claro, pero presumir de esas supuestas y generalizadas virtudes  huele a vanidad y engreimiento.

Seguramente no hay motivo ni para ese odio, percibido en parte con exageración, aunque básicamente cierto, hacia los policías del Estado, ni hay motivo para creerse esa superioridad como pueblo que está anclada en una visión decimonónica del progreso y alimentada por el clasismo propio de las sociedades  de mayor desarrollo económico.

Independientemente de la proverbial laboriosidad atribuida generalizadamente a los catalanes, no se pueden tomar a la ligera las razones de un supuesto progreso económico. Se podrá estar muy orgulloso de las gestas de la corona de Castilla, de la de Aragón, de los mercenarios almogávares o de las rutas comerciales de venecianos u holandeses, pero que no se olvide: el progreso de los pueblos se ha cimentado en la explotación de otros. Así fue y así es en esta sociedad tan justa y moderna que decimos tener.

El juicio de ZD: 15.Cuando la soberanía del pueblo no es retórica

Hemos podido escuchar, durante el proceso, que lo que se organizó el 1 de octubre no fue un referéndum; que sí lo fue, pero ilegal; que fue legal, aunque no vinculante; y también que su legalidad se basa en derechos inalienables por encima de las leyes y de las decisiones jurídicas españolas y, además, que constituyen sus resultados un mandato al parlamento catalán para llevar a cabo lo que se planteaba en la consulta.

Como es muy difícil, a lo que se ve, ser consecuente, especialmente cuando las palabras son artificiosas y re retuercen los argumentos, se termina actuando  bajo el peso de la realidad y no  de aquello que se daba por sentado y, en el fondo, no era más que un deseo.  Por eso los mismos que decían que aquello no era un referéndum terminaron por echar en cara que la participación no había llegado a la mitad del censo, que no había garantías de que los resultados publicados fuesen verídicos, entrando en el juego de la discusión sobre la legitimidad de la declaración de independencia y dando carta de naturaleza al referéndum, en lugar de negar la mayor: el referéndum no estaba permitido. Como hemos podido escuchar a todo tipo de personas, hay quien ha dado en el clavo y nos ha dicho que no comprende las consecuencias penales que se puedan derivar ya que  la consulta no tiene ningún valor jurídico. Por tanto,  tenemos que concluir que hubo referéndum, no solamente un simulacro, y que por eso, aunque se supiera de antemano su intrascendencia jurídica se trató de evitar como si fuese una acción del mismo demonio. Y es posible que formalmente no sea homologable con otras consultas, entre otras cosas porque se empeñaron en ello los medios de los que dispone el Estado, pero la participación fue masiva y mostrando una fuerte voluntad de hacerlo y, además, mayoritariamente a favor de las tesis propuestas. ¿Alguien da más? ¿Qué no había garantías? ¿Qué no era legal? Concedido, pero se ha certificado el sentir de una gran parte de la población y se ha podido ver del uno al otro confín. Los reproches sobre la formalidad de la consulta quedan para consuelo de burócratas;  pero bien mirado, sobre todo desde el punto de vista práctico, si se hubieran cumplido todos los requisitos de un referéndum legal estaríamos en la misma situación. Dicho de otro modo: el referéndum del 1 de octubre  tiene todo su valor moral y político, aunque  parece que no jurídico.

Es razonable pensar que si se materializa la comisión de cualquier acto delictivo que han organizado otros, tanto los organizadores como los participantes deberán responder,  en el grado que corresponda, de la realización de ese hecho delictivo. Imaginemos que, convocado y promovido el referéndum  como lo hizo la Generalitat, nadie hubiese acudido a constituir mesas ni a votar: no se podría decir que el referéndum se celebró y, por tanto, el fraude de ley solo se habría producido por el hecho de la convocatoria  y los correspondientes preparativos.  Pero los que participaron en el referéndum, de cualquier forma, han colaborado necesariamente con la consumación de un acto perseguido por  el ordenamiento jurídico, que motivó varias órdenes judiciales con el fin de evitar dicha votación.  Hemos escuchado a personas que asumen públicamente, delante de jueces y fiscales, que estaban al cabo de la calle de las disposiciones judiciales sobre el referéndum y que participaron, lo promovieron, ocuparon locales públicos, constituyeron mesas y colaboraron en el recuento.  Y a pesar de que sus acciones fueron determinantes, sobre todo la de votar, en la materialización de la consulta, parece que hay consenso en que los que hacían cola para llenar las urnas no pueden ser objeto de acusación de delito alguno. Es decir, no es delito participar en algo cuya organización sí lo es. ¿No resulta extraña esta situación? Si no fue delito votar, cuando se trataba de consumar una ilegalidad, y parece que es difícilmente  defendible lo contrario viendo como se han tomado los hechos los que vigilan estas cosas, que han actuado efectivamente soslayando esa posibilidad de delito, ¿cómo se puede defender que preparar y organizar un acto sea delito cuando la comisión de ese acto no lo es? ¿Quizá sea porque en estos casos es donde se hace realidad aquello de que “el pueblo es soberano” y cuando actúa como tal está por encima de todo poder?  En ese caso no sería justo perseguir a quien promovió el ejercicio real de esa soberanía.

El juicio de ZD: 14.Pasaban por allí

No hay grupo humano mínimamente cohesionado sin líder. El comportamiento adaptativo de nuestros  ancestros, como también les ocurre a gorilas y chimpancés y a otros mamíferos, les llevó a vivir en comunidad, lo que trajo como consecuencia la aparición de un líder a quien seguir. La  vida actual es muy distinta a la de las primeras organizaciones sociales humanas, pero del fondo de nuestra psique aflora la necesidad de sumisión a un jefe. Tan es  así que, en general, no basta con la creencia en un ser inmaterial, un dios, que con sus preceptos y mandamientos, comunicados de la mágica manera  de la que pudiera  ser capaz, iluminara a los humanos para comprender  su mundo; es necesario alguien más cercano a nuestra naturaleza, un ser de carne y hueso  al que se pudo tocar, ver y escuchar, para que se erija en el líder verdadero de una religión. Es el líder que agrupó en su momento a las distintas gentes el que determinó las particularidades de cada religión que ha sobrevivido a los avatares de la humanidad. Porque si atendemos  solamente a los atributos de  los espíritus supremos de cada creencia no se encuentran grandes  diferencias entre ellos.

Repasemos la historia de los grandes líderes pasados y presentes, grandes aunque solo sea por los millones de personas bajo su poder. Son los líderes a los que se atribuyen las grandes conquistas y las creencias de toda una población, al margen de la  lógica, en la raza y la supremacía y en la culpabilidad de las etnias que fueron chivo expiatorio de miserias nacionales. No hay que hacerse ilusiones: los líderes son capaces de arrastrar de forma irracional a sus seguidores y estos creerán en cualquier cosa que digan y avalarán los actos de aquellos. Que, en ocasiones, el liderazgo consiga movilizaciones emancipadoras o libertadoras no quita valor a lo dicho sobre el poder alienador del líder y la seducción acrítica que se implanta en los seguidores.

Como era de esperar, en el independentismo catalán también encontramos líderes: unos ejerciendo de políticos durante los hechos que esperan sentencia y otros surgidos de lo que podríamos llamar la sociedad civil. Todos ellos encausados. Cuando todo termine, o en el futuro más o menos lejano, ¿se les reconocerá  como líderes libertadores que sufrieron persecución o como líderes que se aprovecharon de la facilidad de manipulación de la gente? No nos aventuraremos a pronosticarlo, pero seguro que influirá el hecho de que al final consigan su objetivo o no.

Hemos podido ver, en la presentación de las pruebas del juicio, a los líderes “no políticos” en lo alto de escenarios, sobre vehículos policiales y mediando con las fuerzas del orden en concentraciones de protesta; y en las intervenciones que nos han mostrado se han podido escuchar discursos escasos de contenido, muy poco elaborados, sin especial calado, y lanzando frases poco variadas, e incluso anodinas, para que fueran coreadas una y otra vez por los concentrados, como esos mantras que utilizan algunos grupos místicos para impedir pensar. Pero esto es una cosa y otra es hacerles responsables de la declaración de independencia; de los acosos a cuarteles, que no se puede decir que alentaron; del destrozo de vehículos policiales por parte de incontrolados que ponían sucesivamente su granito de arena; de la organización del referéndum y de la afluencia masiva a las concentraciones motivadas por registros, que se realizaron sin mayores impedimentos más que los derivados del inmenso gentío que se congregó, al contrario de las importantes trabas a la acción policial que pudimos ver  el 1 de octubre. Hacerles responsables a estos líderes de los sucesos anteriores, principales elementos del proceso, sería forzar el concepto asociado a la  autoría de un delito, cuando no se conocen imputaciones a los autores materiales de lo que podríamos llamar desórdenes del 1 de octubre, acosos a policías en sus residencias e incidentes más o menos importantes en los  registros. No son la trama “civil” de una rebelión, si la ha habido. Y si existió sedición con el propósito de impedir los registros, lo que está por ver, no son más culpables que las multitudes que llenaron las plazas. Si existiera alguna responsabilidad en estos líderes, sin cargos públicos en el momento de los hechos, sería la de apoyar un proceso de independencia, alentarlo, promoverlo. Sin más  es una responsabilidad tan difusamente perseguible por el ordenamiento jurídico de la España democrática, según lo que hemos podido ver y escuchar, que deberían ser absueltos.

 Los poderes alimentan la idea de la irresponsabilidad de las gentes, de que los actos de las masas son impulsados por superhombres capaces de dirigir la mente de los demás,  esos seres  amontonados que  actuarán como autómatas sin cerebro ni voluntad gracias a ese impulso primigenio de obediencia ciega al líder. Hay que sacudir las conciencias, hay que exigir que no se trate a la gente como menores de edad, irresponsables de sus actos y a los que no se pueden pedir cuentas de sus decisiones. Ya se debería haber  acabado en estos tiempos con el escarmiento a los supuestos cabecillas cuando se es incapaz de controlar a las masas, como se acabó con la costumbre de diezmar para castigar a unas tropas de las que no se podía prescindir. Escarmentar a unos pocos, por delitos, donde los hubiere, cuya ejecución corresponde a otros, es muestra de gran debilidad.

El juicio de ZD: 13. El pedestal de Temis

La cuestión clave de todo el proceso es cómo hay que considerar la declaración de independencia que se llevó a cabo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre. Por un lado  cabe pensar que todos los pasos que se dieron estaban programados, pero por otra parte pudimos ver prisas, improvisadas tomas de decisión y sesiones parlamentarias en horas infrecuentes para anticiparse a decisiones jurídicas a las que no se pensaba hacer caso. Como se ha visto, el nacimiento de una república catalana desgajada del Reino de España no es fácil, ni por razones interiores de España y Cataluña ni por reconocimiento internacional; y si nos hemos dado cuenta de ello los observadores, también lo debían conocer los gestores de la independencia. Por eso parece que se quiso nadar, pero también guardar la ropa. De ahí esa declaración de independencia “simbólica”, en contraposición a efectiva, que no deja de ser un retorcimiento del concepto, porque los símbolos están para representar con la mínima expresión lo que pueden ser grandes fenómenos. La llamaron simbólica porque no pudo ser, porque no fue reconocida por la comunidad internacional, y porque hoy en día, en nuestro mundo, el poder formal, y su toma, no puede prescindir de ese otro poder real que es la gente en comunicación permanente y movilizada. Gente en comunicación permanente y movilizada que hizo posible que la mitad de la población se creyera  que podía celebrar un referéndum y parar a la policía, pero población a la que le costó más creerse la independencia. Esa declaración de independencia se quedó a medias, con lo que sufrirá las consecuencias y no disfrutará de las ventajas. Se actuó más con la intención de “a ver qué pasa” que como mera declaración de intenciones, y de haber tenido algún reconocimiento u otra posibilidad de haberse puesto en marcha habría sido cosa hecha, y las declaraciones de los acusados en el juicio, en general,  no hacen otra cosa que reafirmar su intención de poner por encima de las leyes españolas el derecho de autodeterminación de los residentes en Cataluña. La declaración de independencia no la hizo uno que pasaba por allí; la hicieron personas con autoridad formal y real, que representan para millones de personas la encarnación de las instituciones propias de Cataluña, que tienen gran capacidad de movilización popular y tras unos trámites parlamentarios que llevaban la intención de plasmar la máxima soberanía. Así que, para continuar el análisis, partamos de la base de que la declaración iba en serio.

La independencia se declaró como se declararon otras que figuran en los anales, y así figurará esta, y constará como fallida. Y para ese acto de asunción de soberanía se necesitó el 1 de octubre. Se ha dicho en el juicio que durante las fechas de los sucesos más importantes del proceso no hubo toma de dependencias  de gobierno, de centros de poder o de comunicaciones, etc. Pero sí se tomaron dependencias públicas como centros de enseñanza o de salud formando barreras humanas para impedir el paso de la policía, y que en la mayoría de los casos esas barreras consiguieron anular las intenciones de los agentes, empezando por las parejas de policías autonómicos que se desplegaron por todo el territorio.  

Una cosa es convocar el referéndum, y que concedamos que podía haber gente que acudió a votar sin saber que la consulta era ilegal, y otra la resistencia a que se cumpliera el mandato de cierre de centros y requisa de material así como el paso a los distintos cuerpos policiales. Unos centros que fueron ocupados “sin permiso”, según algún testigo, o que fueron puestos a disposición de quien llegara por alguien con capacidad para abrirlos. La Generalitat convocó la consulta, según se ha acreditado, y puede ser que más o menos abiertamente diera los pasos para suministrar material de votación y “decretara” el censo universal, pero no instó expresamente a la ocupación y “defensa” de los centros de votación. Lo que sucede es que el referéndum era necesario para declarar la independencia,  y para que se pudiera realizar la votación había que superar a la acción policial, como así sucedió: hubo referéndum gracias a la ocupación de los centros y hubo declaración de independencia. El hecho, la declaración, contó con la colaboración de los ocupantes y la Generalitat asumió esos resultados. Pero ni ocupó, ni mandó ocupar ni constan instrucciones para impedir el paso a los agentes, aunque sus objetivos se beneficiaron de ello.

Lo ocurrido pone en solfa la capacidad de los poderes públicos para eso de “cumplir la ley” y supone un baño de humildad para las rimbombantes actitudes que nos salvan, supuestamente, del caos. Desconocemos medidas, que hubiera sido legítimo tomar en frío, y pudiera ser que hasta obligado si nos creemos lo que nos dicen, ante los que participaron  en la ocupación de centros públicos (hay poco respeto por lo público en general y esos centros no se deberían utilizar alegremente y quizá la orden judicial que distinguía esa titularidad en la actuación policial tenía clara la trascendencia del uso de un bien público) o incumplieron su misión de custodiarlos. Lo que supone un precedente de alcances insospechados, porque si   todo depende del número…

El juicio de ZD: 12. La larga sombra de la tradición

En los alegatos finales de acusaciones y defensas ha habido de todo: discursos magníficos, especialmente por parte de algún abogado, que han estado a la altura de lo que se esperaba, y otros, quizá por haber escogido una difícil línea de defensa,  que han quedado por debajo de lo que requiere un juicio de tanta importancia. Los argumentos principales están claros, pero hay que reconocer que los fiscales, por muy brillante y florido (y tan delicioso que hasta hemos podido escuchar referencias a la mitología griega)  que haya sido la alocución de uno de los acusadores públicos, no han podido ajustar exactamente los hechos a los requisitos literales del delito de rebelión. De ahí que una gran parte de los razonamientos  tengan que ver con la asignación de la etiqueta de actos violentos a los acontecimientos que nos han mostrado y relatado. De alguna manera, las abogadas del Estado, al sostener  que no hay rebelión,  se han convertido en defensoras de los acusados y se han producido interpelaciones al efecto entre ellas y los fiscales, lo que genera cierta  perplejidad. Por ello, las defensas lo han tenido fácil para encontrar la artillería con la que rebatir la acusación más grave y han puesto de manifiesto el encaje de bolillos que tiene que hacer la acusación pública para que se pueda leer en la ley aquello que no está escrito. Pero no adelantemos acontecimientos; tiempo hay para analizar lo que se juzga, así como otras circunstancias que se han puesto de manifiesto a lo largo de todas las sesiones que hemos podido contemplar y que están al margen del proceso, pero de las que podemos sacar conclusiones de diversa índole.

Como el asunto de la violencia es determinante, en algún caso se recalcó la trayectoria no violenta del acusado, llegando incluso a incluirlo en la “tradición cristiana de la no violencia”. Claro, porque no se podrá decir lo mismo de la tradición republicana ni de la de izquierdas, que debe ser que no tienen esa “tradición” pacifista. Bien está que se utilicen todos los medios propios de la práctica judicial para conmover a los jueces, pero deberían evitarse demagogias tan evidentes que sonrojan y que a buen seguro no influirán en este tribunal por aquello de que obras son amores. Y es lo que hay que juzgar: si los acusados son responsables de algún tipo de violencia en el transcurso de las jornadas en las que se intentó la independencia, aunque estén apuntados a ese pacifismo cristiano tan discutible como las raíces cristianas de Europa, basadas en la asunción e imposición de una fe de estado por parte de monarcas hegemónicos “iluminados” por la divinidad. Porque es posible que esa referencia al cristianismo militante, reflejada al principio y al final del juicio, tan impertinente, tan contrapuesta a lo que significa el verdadero republicanismo, pretenda echar un brazo por encima a la Europa que se pronunciará sobre los derechos humanos y sobre la respuesta española al secesionismo catalán, incluido el poder judicial. Tampoco beneficiarán, para una sentencia favorable, estilos de discurso defensor en el terreno coloquial y en el que se quitan importancia a los insultos de las masas a los policías porque “van con el cargo”. Como no se pueden negar esos insultos, que todos hemos escuchado en las grabaciones, la estrategia es pretender disminuir su importancia, llegando a afirmar que “un modelo donde nadie  insulta no es bueno”. ¿Un modelo? ¿Qué filósofo, pensador o intelectual ha producido semejante creación? No lo sabemos porque no se citó al autor, se soltó ese “sublime pensamiento” y ya.

No se muestra  mucha confianza en los argumentos relacionados con hechos y pruebas o en un juicio justo cuando se insta al tribunal a emitir sentencias que resuelvan  conflictos. Habrá que ver si los jueces ven con buenos ojos que por encima de su decisión planee la posibilidad de que lejos de resolver conflictos (que crean otros) se profundice más en ellos, como pudimos escuchar, no sé si como consejo o advertencia.

Hay que imaginarse a unas personas a las que se entrega el poder de decidir sobre la vida de los demás, sobre la organización social y la convivencia. Esas personas asumen voluntariamente esa responsabilidad, igual que la gente debería asumir las consecuencias de las decisiones que toma y de la entrega de ese poder a los políticos. Pues bien,  se dice en el juicio, para que no se tengan en cuenta declaraciones comprometedoras de un acusado, que son cosas que se dicen pero que todos sabemos para qué vale lo que dice un político. Tal cual. Y luego el sistema se desvive por los debates electorales, tan determinantes. Lo dicho me dejó la impresión de que se trata al político como a un menor de edad al que no hay que tomarse muy en serio. Claro, que quizá sea a la gente, en general, a la que se trata como a menores de edad que se tragan cualquier bola y que respaldarán, obedientes, a esas personas, tan de palabra, que son los políticos.

Los acusados tuvieron su turno final. Nadie les interrumpió ni les contradijo. Escuchamos alguna cosa interesante y otras perfectamente prescindibles. Pero además de las palabras me llamó la atención la actitud general de los procesados, que quizá este Zorro Desenmascarador analice en alguna ocasión, aunque de momento se puede decir que contrasta una actitud general de superioridad moral en alguno de ellos con el intento de crear un embrollo con los derechos de manifestación, de reunión y de protesta. Porque se  habló del derecho de manifestación y de reunión como amparo a las movilizaciones ante cuarteles, sin tener en cuenta que los que sufrían esas actuaciones no eran responsables políticos ni tenían capacidad de negociar ni de cambiar las circunstancias. Se dijo que es el derecho de reunión el que ampara el recibir a la policía sentados y entrelazados para que no se llevara urnas y papeletas, cuando más bien se trata de una protesta por una orden judicial y una forma de  impedir su cumplimiento. Supongo que si hay delito no es por reunirse, sino  por lo que se hizo una vez reunidos.

No dejan buena impresión  las últimas palabras de los acusados, salvo aquella que se limitó a reclamar justicia, expresando su sentir sin recursos fáciles ni fuegos de artificio, que curiosamente coincide con una intervención magnífica de su abogado.  Por el contrario, causa indignación en nombre de la dignidad  la apelación a buscar una especie de complicidad paternalista en el tribunal al reconocer que es posible que se haya hecho algo indebido pero que todo el mundo, alguna vez, ha hecho alguna trampilla; y se puso como ejemplo saltarse los límites de velocidad en carretera o llevar la basura al contenedor en horas a las que no está permitido. Se podía, ya puestos,  haber seguido con los ejemplos de trampillas y haber hablado del tres por ciento o de los capitales en Andorra o de la ocultación de dineros a Hacienda, cosa que no parece estar demasiado mal vista cuando se emiten deliciosos gorgoritos.

Visto. Pero esto no ha terminado.

El juicio de ZD: 11.¿Verán la imagen con la joven o con la vieja?

Imágenes. Hemos visto muchas imágenes;  y hemos escuchado gritos, voces, arengas, tan significativos como las imágenes. Nos han mostrado fotografías con varias personas con la cabeza sangrante, pero no se han podido ver las circunstancias en las que se han producido tales heridas. Pero lo que más impresiona es escuchar a un niño de unos diez años, calculo, provocar e insultar a los guardias. Es así, con ese padre junto al hijo expresando su violencia verbal, como se alimenta la intolerancia y se siembran odios irredentos encerrados  en el círculo vicioso de la afrenta permanente.

Como reconoció uno de los abogados en el momento de  renunciar a cualquier impugnación de las imágenes propuestas como prueba por la acusación, pueden, estas imágenes, servir tanto a las tesis defensoras como a las acusadoras. Pareció por un momento que las defensas ganarían la partida de la exhibición de los vídeos probatorios que presentaban los fiscales ya que estos se mostraron confusos para señalar hora y lugar de las escenas mostradas en los vídeos, dejando a estos fiscales en mal lugar, sobre todo tras la presentación, ordenada y precisa, de los vídeos propuestos por las abogadas del Estado. Ya se comprobará el alcance de esa imprecisión de los fiscales ante el tribunal, pero si hay que dar una impresión general de lo sucedido el 1 de octubre, a través de las imágenes de unos y de otros, será que, en la mayoría de los casos, la policía retiró a los componentes de las barreras humanas  “a mano”, sin emplear medios más contundentes de disolución de masas, aunque en algún caso sí hubo utilización de porras y deplorables secuencias de algún policía propinando un manotazo en la cara y a otro, de paisano, con peto, empujando con el pie a un sujeto que trataba de levantarse del suelo.

La acción policial supuso un esfuerzo ímprobo  para abrirse paso a través de las barreras humanas, de puertas atrancadas y accesos cerrados;  y total para intervenir en un pequeño porcentaje de los centros de votación abiertos, con lo que parece que la ecuación coste-beneficio no presenta un resultado positivo. Da la impresión de que si formalmente se cumplía con un mandato judicial, allí se ventilaba algo más: un pulso entre los que prometieron que habría consulta y los que aseguraron que lo impedirían. Porque si las fuerzas de seguridad actuaban como policía judicial, como nos han repetido hasta el cansancio, debería haber sido la autoridad judicial la que tendría que haber estado al tanto de las circunstancias  y dificultades con las que los agentes se iban encontrando, sobre todo ante unos acontecimientos tan poco corrientes, y ajustar ese mandato a la respuesta de la población y a la capacidad de la policía. La situación era tan especial que emitir un auto con orden de impedir el acto de votación con una escueta referencia al mantenimiento de la paz ciudadana, que cada uno ha entendido como le ha parecido, sin un seguimiento y una toma de decisiones actualizada minuto a minuto  se me antoja inapropiado. De haberse producido una mejor coordinación judicial se podría haber corregido, o respaldado, en el acto, la acción de la policía autonómica, tan distinta a la de los otros cuerpos policiales. Una policía autonómica aplaudida por el gentío del 1 de octubre,  a la que gritaban “esta es nuestra policía” cuando la pareja de agentes se retiraba ante la imposibilidad de cumplir la orden judicial. Sí, era “su” policía; pero tampoco la dejaron pasar.

El juicio de ZD: 10. Carrer Major y el madrugón de la "clase media"

Ese porcentaje de personas que disfrutan exageradamente siendo el centro de atención, que no ven más allá de su ombligo, de tal manera  que son incapaces de responder razonablemente a lo que se espera de ellos, nos lo encontramos también entre los testigos. Así hemos soportado, todos, testigos insufribles, incapaces de ir al grano, de expresarse con sencillez y eficacia. Y no sé si las defensas han valorado correctamente la influencia de sus testigos  en el devenir de la causa, porque a veces da la impresión de que por encima de los intereses concretos de sus defendidos se defiende otra causa más general y difusa que sería la absolución de culpa del movimiento secesionista catalán, como si conseguido esto se consiguiera por ende la exculpación de esos  acusados. Si esta es la estrategia, es digna de respeto, aunque sujeta a controversia; pero si los abogados se dejan llevar por unos testigos incontrolados, dejan la iniciativa a declarantes dispuestos a chupar cámara, a exhibirse, a mostrar su activismo o a contar con pelos y señales lo que han preparado previamente, perjudican la defensa de los acusados porque queda menoscabada  la credibilidad de los testimonios.

En las últimas sesiones las defensas no han cosechado muchos triunfos en la partida (a excepción de los relatos sobre  la actuación de las fuerzas policiales para evitar la votación):  hemos conocido tuits que han arruinado testimonios; se han confrontado hechos con reputación y con opiniones personales sobre la trayectoria de los acusados, haciéndonos recordar aquellos tiempos en los que los párrocos certificaban la buena conducta de los vecinos. Ya se verá la influencia que tendrán en el tribunal las declaraciones que son claramente partidistas, ya que se trata de testigos cuya postura fue participar en la consulta aun reconociendo que conocían su ilegalidad, que no solo iban a votar, que acudieron de madrugada a los centros electorales para ayudar, que se interpusieron para impedir el paso a la policía y que ponen por encima de las disposiciones judiciales, como respetables antisistema, su capacidad de decisión al margen de lo establecido.

Una situación, la de millones de personas de diferentes edades y ocupaciones, que se han creído eso de la “fiesta de la democracia” y que ahora lo reivindican y lo celebraron cuando les pareció y se encontraron exultantes por poder decidir , hasta que irrumpieron las fuerzas del orden allí donde pudieron.  Y da la impresión de que el orden social que otorga la organización de la sociedad a instituciones que promulgan leyes y las hacen cumplir se ha trastocado, y en lugar de considerar la acción de esas instituciones como un logro se tienen por ilegítimas. Algún declarante ha hablado de “hito colectivo” y ciertamente lo es porque hemos podido escuchar a componentes de eso que llaman clase media, con una teórica aversión al riesgo social, decir que votaron a pesar de saber que estaba prohibida la celebración de la consulta, que se levantaron a las cinco o a las seis de la madrugada de un domingo para constituir mesas electorales o ayudar en lo que fuera necesario y que se sentaron en el suelo de patios, vestíbulos y escaleras  para resistirse al cumplimiento de disposiciones judiciales; es un hito porque en muchísimas localidades la policía no pudo impedir la votación debido a las multitudes que se agolpaban en los accesos; y es un hito porque un gran gentío se rigió por su propia “ley”, allí mismo, en el acto.

Hemos escuchado testimonios sobre puñetazos y agresiones impropias de una correcta actuación policial que a todos nos han producido displacer, como nos lo producían las declaraciones sobre golpes más o menos evidentes que se propinaban a los agentes y sobre el acoso más o menos intenso llevado a cabo en las proximidades de las casas cuartel de la Guardia Civil. Pero estas situaciones relatadas no las debemos dejar pasar sin más, porque nada sucede porque sí;  es necesario reflexionar sobre cómo se puede llegar a determinados niveles de actuación agresiva, lo que hay detrás de ello y quién “carga las pilas”, para que asuma su responsabilidad moral, ya que otro tipo de responsabilidad supongo que será difícil de demostrar. Dicho esto, también hay que decir que no se puede cargar totalmente esa responsabilidad (esa tensión mutua previa), en los hombros de líderes, dirigentes, gobernantes o en creadores de opinión, ya que cada persona dispone de razón y voluntad para tomar sus decisiones y no puede quedar eximida como si fuese un borrego que no sabe a qué lugar lo llevan. O estamos plenamente mediatizados y actuamos como marionetas  por quien sabe manejar los hilos o asumimos las decisiones que tomamos en libertad de conciencia; lo que no sirve es acogerse a la primera postura cuando toca repartir culpas.

Hay que imaginarse el ambiente eufórico que se pudo dar en ese “pueblo pequeño, donde nos conocemos todos”, según los testimonios, que encontraron en la celebración de la consulta una causa común, con una unanimidad difícil de hallar si no es en el día de la fiesta mayor de la localidad. Tiene sus ventajas, no digo que no, residir en un sitio así, tan bucólico y solidario, pero para la libertad de pensamiento y de estilo de vida… ¡líbrenos el destino de los pueblos pequeños, donde se conocen todos!

El juicio de ZD: 9. El "procés" de Kafka

Supongo que no es fácil tener algo de poder, aunque sea el tentador poder de movilizar a las masas, y no sucumbir al peligro de creerse  con la fuerza moral suficiente para instar, recomendar o sugerir, según se mire, pero siempre con una componente paternalista, que unos municipales hagan la vista gorda, que pasen de largo y no se metan en líos y dejen en paz los carteles “Hola República. Sí” y dejen también en paz a los que los portan y pegan en las paredes, porque ¿qué más les da? Pero si a los paternalistas  no se les sigue la corriente y no se asume su  humillante supremacía, entonces el rol que han asumido les llevará a comportarse de forma autoritaria para no perder la ascendencia sobre los que observan la escena, y, por ejemplo, se pondrán delante del coche patrulla con las manos sobre el capó y no darán su permiso para que nadie se vaya hasta que no aparezca cualquier cosa que alguien perdió. No; no es fácil detentar cierta autoridad.
Puede suceder que, por falta de educación ciudadana,  parezca que la policía local está al servicio del alcalde; que estos, los alcaldes, son una especie de caciques que se pueden saltar la cadena de mando y manejar a los agentes a su antojo, y no faltará la persona, de ese tipo de gente capaz de decir “no sabe Vd. con quién está hablando”, que llame por teléfono,  o simule llamar,  a la máxima autoridad municipal para decir “oye tus guardias…”. Y también es posible encontrase con ese concejal prepotente que no dudará en desautorizar a los agentes tomando decisiones para las que no tiene competencias.

Una sociedad es avanzada cuando están generalizados unos comportamientos  y una mentalidad que ponen por encima de cualquier otra circunstancia la libertad de pensamiento y de opción de vida, así como la dignidad de la persona. Y no basta con vivir de las rentas de unos tiempos pasados en la que se podía presumir de ir a la vanguardia de la modernidad social. Siempre habrá individualidades que despunten en un grupo social, en Cataluña, en California o en Hong Kong, pero si el conjunto de la sociedad no está empapada de ciertas actitudes, o ha dejado de estarlo, tendrá que ir pensando en dejar de presumir de adelanto y modernidad. Si la gente, en momentos en los que es posible que se muestre espontánea, desinhibida como para  manifestarse como se es, al encontrarse diluida en la masa,  no actúa bajo los parámetros de modernidad y avance social no se puede decir que ese pretendido carácter avanzado sea una realidad; más bien,  si en algún momento existió,  ahora se ha convertido en un  mito sin fundamento.  En una sociedad como requieren los tiempos actuales no tienen cabida determinados insultos de honda raigambre discriminadora, ni dirigidos contra los policías estatales ni contra nadie.  Si el cesto del cambio político en Cataluña se pretende tejer con los mimbres de masas retrógradas, también capaces de conductas tan poco higiénicas como lo es el lanzamiento  de escupitajos,  a las que todavía no les parecen impensables ciertos  calificativos, reflejo de la íntima mentalidad, no les auguro un porvenir constructivo.            

Los últimos relatos nos han paseado por paisajes “kafkianos” y “surrealistas”, según expresiones de distintos testigos, con grupos de bomberos con la forma física que corresponde, y ataviados con el traje de faena, integrando la masa de resistentes; con unos policías que se  empleaban a fondo para entrar en centros de votación y requisar material electoral venciendo la resistencia de barreras humanas  a veces mansas y a veces bravas, mientras la pareja de policías autonómicos de rigor veía todo desde la barrera, en lontananza, incluso apartándose tras un seto, sin dignarse a echar un capote porque ni ese toro era el suyo ni tenían órdenes de saltar al ruedo. Una faena en la que se pueden cortar orejas, y el rabo.

El juicio de ZD: 8.Catalonia Street Blues (Canción triste)

La caballería avanzaba por el desfiladero y a su paso, desde las alturas, vigías apostados estratégicamente se comunicaban en la distancia mediante  los destellos que producía el sol en los pequeños espejos que manejaban. Cuando los soldados llegaron a su destino, los indios tenían preparado el recibimiento. Así  pudo ocurrir en algún territorio americano en aquellos lejanos tiempos de la conquista del Oeste. Y algo así nos han relatado que sucedió con un convoy policial marchando hacia algún lugar de Cataluña para impedir actos prohibidos, pero utilizando teléfonos móviles en lugar de un método tan arcaico como el uso de reflejos luminosos.

Y ya que estamos rememorando escenas de antaño que bien podríamos haber disfrutado en la gran pantalla, también puede suceder que el juego que los independentistas de calle se han traído entre manos se parezca mucho a las carreras, los engaños, los quiebros y persecuciones propios de un corto de Tom y Jerry. Un gato persiguiendo con ganas a un ratón que hace lo que sea para no ser cazado. Para ello, el ratón necesita dosificar su esfuerzo, ser preciso, ajustar su velocidad para no ser alcanzado y poder cambiar bruscamente de dirección y meterse en el escondite salvador.

Los testimonios de los últimos días, sobre todo de actuaciones en centros de votación del pretendido referéndum, parecen el juego inteligente de un ratón ante la fuerza bruta del gato. La inteligencia estuvo, está, en mostrar concertadamente brazos en alto y cánticos que proclaman que se es gente de paz e invitando jocosamente a que se marche la fuerza pública mientras se aplica el típico juego subterráneo de patadas, zancadillas y esparcimiento de lavavajillas para procurar patinazos, como si todo fuera parte de una representación cuyo guion tenía por objeto hacer una cosa y que parezca otra. De esta manera, cuando se relataban golpes a los componentes de los dispositivos de la policía, las defensas de los acusados recordaban que había brazos levantados y autodefiniciones cantadas de ser gente de paz. Tampoco me ha convencido el haber dejado caer, durante las sesiones del juicio, que los actos de resistencia más violenta se producían cuando algún manifestante sufría un  acto de fuerza de los antidisturbios. La gente de paz debe tener el umbral de contestación a la actuación policial algo más alto. Eso es lo que esperaban los componentes de los equipos operativos que se disponían a impedir las votaciones, que la resistencia fuese pasiva, y acudían sin especial protección en varios casos, como si fuesen a realizar una prueba de alcoholemia a un conductor imprudente, echando de menos, pronto, casco y espinilleras.

Las versiones de los mandos de la policía autonómica y las de los responsables de la estatal son totalmente divergentes en cuanto a la interpretación de lo que suponían las órdenes del juzgado competente y las previas del fiscal para hacer frente a la convocatoria electoral y también respecto a la disposición y capacidad de actuación de las fuerzas del orden de Cataluña. Se puede decir que los ingredientes del cóctel necesario para que la operación tendente a  evitar el referéndum saliese mal estaban mezclados y listos para ser servidos: imposición de un coordinador, de carácter “híbrido entre político y operativo”, según un testigo de la policía autonómica; desconfianzas mutuas; ideas preconcebidas alimentadas por aquí y por allá; falta de comunicación; ruptura de acuerdos previos sobre formas de coordinación, que llegó a fragmentarse en células (una por provincia) que no se informaban entre sí ni tomaban decisiones conjuntas. A mi entender, las explicaciones del segundo responsable de la policía autonómica han sido más convincentes que las del coordinador del dispositivo general, y sus subordinados más inmediatos, respecto a la actuación generalizada, previamente acordada, de la policía catalana; respecto a los llamados seguimientos en los movimientos de las policías estatales y a  las referencias a las comunicaciones entre policías autonómicos, incluido el uso de la clave 21* (por fin nos hemos enterado qué significaba); respecto a los intentos para que la Generalitat desconvocase la votación por ilegal y peligrosa para el orden público, etc. No creo, por lo visto hasta ahora, en una actitud general de la policía autonómica que se pueda considerar  “estafa”, como se ha dicho por parte de una de las versiones, ni de obstrucción deliberada a los mandatos legales.

Estas “peleas” entre distinto cuerpos policiales, o entre sus mandos, no nos deberían coger por sorpresa. Las causas, consecuencias y motivaciones de esas disputas no escapan a las circunstancias de la condición humana y son una buena fuente de inspiración para todo tipo de fabulaciones que han quedado plasmadas en multitud de films en grandes y pequeñas pantallas. Que pregunten al FBI, a la DEA, al NYPD, a la policía de Los Ángeles y al sheriff del condado.

*La clave 21 es un sistema de comunicación a través de teléfonos móviles, menos transparente que  el uso de las emisoras oficiales de la policía. Su utilización se ha justificado como un medio de evitar  la saturación de las comunicaciones por radio.

El juicio de ZD: 7.Cambiando el collar al perro

Quiero pensar que no se pueden conseguir grandes cosas con renglones torcidos. Que no tiene sentido ir en contra del estado actual de la sociedad y utilizar las triquiñuelas, corruptelas, métodos e hipocresías de esa sociedad que se quiere cambiar. Sabemos que se han justificado gastos de recursos públicos para pagar informes de apenas unos folios, conteniendo obviedades o aplicando el enorme esfuerzo que supone encender el ordenador y copiar de acá y de allá. Siempre se han buscado las grietas del sistema para burlarse de él; no en el sentido de sacar a flote sus debilidades y ponerlo en ridículo con la esperanza de una contrición, sino esa burla que consiste en escapar al control para obtener un provecho, generalmente crematístico. Expedientes, informes, certificados, dictámenes: hemos llegado al culmen de la burocracia; no se calma ese desasosiego propio del indocumentado hasta que no obtenemos ese PDF que nos dice que estamos en paz con Hacienda, que se ha registrado la solicitud o declaración, que no estamos inhabilitados para determinado empleo o cuánta energía se traga la cueva que vamos a comprar, vender o arrendar. Parece ser que se ha creado toda una industria del papeleo, en versión digital o clásica, en la que tienen que ser los expertos los que nos certifiquen lo que cualquiera podría ver estando un poco atento a lo que se ve por la ventana. No es de extrañar que nos hayamos encontrado con personas a las que le parece natural que un organismo, en gran parte dependiente económicamente de la Generalitat, sufrague la estancia de un grupo de expertos extranjeros y les encargue, bajo remuneración, un estudio sobre la situación política en Cataluña “en perspectiva histórica”. Grave. A alguna mente brillante se le ocurrió esta excusa, con el apoyo tradicional de la “generosidad” de las instituciones públicas, para introducir en el escenario unos actores internacionales que pudieran ser testigos  del desarrollo del referéndum del 1 de octubre y de los acontecimientos que lo rodeasen. Los antisistema se deberían plantear  qué están apoyando.

La idea de los observadores ha surtido el efecto de poner de manifiesto, a mi entender y seguramente al del tribunal, el empleo inadecuado de recursos. Y no creo que sirva de mucho que una defensa preguntase a la coordinadora del grupo de expertos si no se habrían dejado de respetar  derechos humanos, porque las circunstancias de trabajo de dicho grupo ponen en entredicho su neutralidad. En cualquier caso, no pudo contestar porque el presidente consideró la pregunta impertinente, ya que eso excedía lo que un testigo podía declarar y la determinación de una posible conculcación de derechos humanos era tema reservado a la decisión del tribunal. Me imagino que sobre derechos humanos habrá otras instancias superiores que tendrán algo que decir.

Estos últimos días han sido provechosos para la acusación; no solamente por lo  explicado más arriba, también por los relatos de concentraciones y actuaciones de personas revoltosas ante acuartelamientos de la Guardia Civil, con presencia, en algún caso, de autoridades y funcionarios locales. Seguramente por eso los abogados han perdido cierto protagonismo e incluso me ha parecido ver nerviosismo en alguna de sus actuaciones.  Y eso que, según mi criterio, la acusación popular obtiene muchas veces respuestas de los testigos que alegrarán a las defensas. Estos acusadores están empeñados en preguntar sobre invasiones de instalaciones o acuartelamientos y sobre personas que se erigiesen en líderes de las masas concentradas y movilizadas. Y una tras otra, las respuestas de los testigos policiales ha sido “no”, “no” y “no”. Pero ellos erre que erre, a piñón fijo. ¿Por qué será?

El juicio de ZD: 6.Lo que pudo ser y no fue

Independientemente de la calificación de los hechos, lo que parece que se ha constatado ha sido el desbordamiento de las fuerzas policiales para manejar diversos actos y concentraciones en los que han intervenido gran cantidad de personas. Por los relatos que hemos podido escuchar, muchos de los efectos de la presencia de tantas personas se han movido en el terreno de lo potencial: temor a agresiones, a anulación de las fuerzas policiales en misión y a la invasión o toma de edificios en los que se practicaban registros o confiscaciones. Salvo momentos de “lluvia de botellas de agua”, que resultaron ser entre dos y cinco, insultos y gestos de rechazo y odio, entorpecimiento del movimiento de vehículos policiales utilizando vallas y zanjas de obra, y el efecto que produce la presencia en vías y accesos de miles de personas, muy pocos de los temores que despertaron las movilizaciones se vieron cumplidos. Ni se tomaron edificios oficiales, ni naves, ni empresas, ni rehenes; esas cosas propias de revueltas populares. Los registros se realizaron sin impedimentos dignos de mención en el interior de los edificios, cosa que, como nos han pintado, habría sido fácil impedir con esas masas enfervorecidas si se hubiesen dispuesto a ello. Dicen que Forcadell se apareció por alguna de esas concentraciones para sacar la mano por la ventanilla del coche y agitar a la masa, lo que despertó las sonrisas de los abogados que escuchaban el relato. Ante esta  aparición, por aquellas cosas de la mente, evoqué otras apariciones resplandecientes entre el follaje de un arbusto.

Creo relevante la insistencia de los abogados defensores en poner de manifiesto la transmisión de las pautas de actuación, por parte de los mandos, a las fuerzas del orden que actuarían en la calle para reprimir la celebración del referéndum. Parece ser que, a partir de un punto, en las directrices, emanadas de la orden judicial, dejó de existir la referencia a que la actuación policial debería salvar la integridad de las personas y la convivencia e informar a la policía autonómica en el caso de encontrarse con impedimentos importantes. Y, gracias a las preguntas de estos abogados, un testigo afirma que agentes antidisturbios que intervinieron  en la entrada en un centro de votación no exhibían identificación, sin que se haya dado motivo razonable para tal anonimato. Obras son amores.

La Generalitat se adhirió a una huelga general, lo que desborda la neutralidad de una institución oficial ante una situación  que se suele utilizar para desestabilizar el sistema establecido del que ella misma forma parte y del que debe responder ante la totalidad de los ciudadanos.  (Análisis de profundidad que dejamos para desarrollarlo en otro momento.) También parece que los hechos, obtenidos del análisis de comunicaciones de la policía autonómica, nos muestran unas comunicaciones verbales y correos electrónicos con miembros de la policía catalana que ponen en duda, al menos por parte de algunos componentes de esa policía, su disposición a colaborar lealmente con las policías estatales (que no se les viera junto a Policía Nacional y Guardia Civil, por ejemplo) y a maquillar de eficacia intervenciones de material para el referéndum cuando la votación había sido terminada .Los hechos son los hechos. La palabra envuelve, seduce, enardece.

El juicio de ZD: 5.El Molt Honorable ciudadano europeo procesado rebelde

Me imagino que los que ven en el Muy Honorable expresidente de la Generalitat de Cataluña, señor Puigdemont,  una  bestia negra  de la integridad territorial de España y de su sistema judicial  experimentarán cierto placer cuando el fiscal se refiere al político, una y otra vez, apelando a su situación jurídica,  como procesado rebelde Puigdemont. Parece que, con esa reiteración, se puede encontrar consuelo del  “quiero y no puedo” llamando al expresidente, residente en la Unión Europea, lo máximo que, hasta ahora, es permisible. Sí;  procesado rebelde, pero solo en España. Situación anómala que debería hacer reflexionar sobre la calificación de los posibles delitos y sobre lo que significa ser parte de una Unión formada por naciones líderes mundiales en usos democráticos y respeto a los derechos de los ciudadanos. Una situación anómala propiciada por España, al haber apostado al juego de “Todo o nada”. Mucho se habla de los peligros de la Unión: insolidaridad entre países, auge de los escépticos en la comunidad europea, salida de naciones, etc.  Pero este empeño en prescindir de los mecanismos compartidos para la persecución de los delitos es especialmente dañino porque se nos dice que la Unión no nos sirve y España decide hacer de su capa un sayo. Obras son amores, y por encima de la eficacia están las garantías de los ciudadanos de los que Europa es valedora y siempre, afortunadamente, tiene la última palabra.

Objeto de polémica, a todos los niveles,  es la actitud de la policía autonómica frente a las órdenes judiciales para impedir el referéndum, su relación con las autoridades  catalanas, con la coordinación y con los mandos de los demás cuerpos policiales. Se ha hablado de desconfianza hacia la policía catalana porque las policías estatales recogieron información  sobre centros de votación en los días previos al 1 de octubre, por ejemplo. Y se ha hecho frente a esa desconfianza mostrando la postura de la policía catalana de respeto a las decisiones judiciales y a la ley, mostrando el malestar existente en estas fuerzas del orden al observar la deriva de ilegalidad que emanaba de las actuaciones de la Generalitat y relatando los intentos para que el poder político detuviera el referéndum. Hay que hacer constar que se le dijo a la policía autonómica, por parte de los dirigentes de la Generalitat,  "que hiciera su trabajo", que  es cumplir la ley. Es notable el esfuerzo de las dos partes por convencer a los demás de sus tesis: por un lado las policías estatales, sus mandos políticos y operativos, sobre la falta de disposición de las fuerzas autonómicas y su deslealtad; y por el otro los mandos de la policía autonómica desmarcándose de las intenciones secesionistas de los dirigentes políticos. Como prueba de esto último el titular (que tan bien viene a los medios de comunicación de masas): la policía autonómica tenía un plan para detener a Puigdemont.

El presidente del tribunal no suele interrogar a los testigos, pero en esta ocasión, amparado por la ley, cuando terminó la intervención  de todas las partes, utilizó su derecho para hacer una sola pregunta al máximo responsable de la policía autonómica durante el desarrollo de los hechos que se juzgan: ¿cuál era el motivo por el que el testigo, el señor Trapero, solicitó una reunión, a la que se había hecho mención con anterioridad, con los máximos responsables de le Generalitat? (Respuesta: intentar que se parara el referéndum, esencialmente.) Esta pregunta muestra el gran interés del tribunal por delimitar claramente la responsabilidad de los hechos y distinguir la actuación política de la policial. Pistas de por dónde pueden ir las conclusiones. Algún día llegarán. De acá y de allá.

El juicio de ZD: 4.La verdad, toda la verdad y algo más que la verdad

Por mucho empeño que haya puesto el presidente del tribunal en evitar las conjeturas y valoraciones que emiten los testigos de los hechos sobre los que declaran, a veces inducidas por intervenciones de las acusaciones, hemos podido comprobar, en ocasiones, cómo se traslucen juicios de valor que van más allá de los meros datos procedentes de la experiencia material del declarante. Confiar en la justicia implica suponer que el tribunal está dotado de la suficiente sapiencia para dilucidar en qué medida las percepciones “objetivas” de un testigo no están teñidas por ideas previas, convencimientos personales y  la tendencia a confirmar  que sucedió aquello que se esperaba que sucediera. No se trata de decir que mienten, como tampoco se trata de que las personas rechazadas para formar parte de un jurado en los Estados Unidos, por ejemplo, tengan intención de actuar injustamente, pero en este caso  todos conocemos el cuidado que se pone y la posibilidad de recusación de los candidatos a formar parte del jurado por diversas situaciones que tienen que ver con características personales, y vivencias, de los preseleccionados. En el caso que nos ocupa tenemos la ventaja de que las verdades experimentadas por un testigo pueden ser matizadas por otros y por la capacidad de raciocinio de los jueces, siendo más trascendente la objetividad de los que componen los jurados norteamericanos. Cuando un testigo se sale, con razonamientos y creencias, del dato, o cuando da el dato y añade un “pero” y una perorata que nadie le pidió nos está diciendo lo que para él significa y su esfuerzo porque confirme la conclusión a la que ya él ha llegado previamente.

Nuestras ideas, experiencias,  temperamento y expectativas no solamente nos hacen ver las cosas de una determinada forma; además pueden determinar nuestra conducta, abriendo unos caminos y cerrando otros, potenciando aquellos que confirman esas ideas y expectativas y los que son congruentes con nuestro carácter. Y un suceso que a una persona le puede despertar sorpresa, incertidumbre o incomodidad, a otra le da miedo. Lo que para una persona puede ser susceptible de mediación, otra lo puede considerar innegociable.

Muchas  partes implicadas en este juicio se encuentran sometidas a la influencia de unas emociones exacerbadas por un  patriotismo que forma parte de su divisa, por la presión de la opinión y cierto resquemor, no entraremos ahora a opinar sobre si  está  justificado o no, labrado durante décadas.

Todo lo anterior explica que en un testimonio se repita varias veces “tumulto” porque se sabe que es un elemento importante en la tipificación de los hechos; que de forma reiterativa, sin un solo olvido en el testigo, se apellide policía “judicial” a los antidisturbios cuando trataron de evitar el referéndum. ¿Es mentira? No. Los agentes cumplían una orden de una magistrada, pero esa insistencia inusual implica una intención. También las ideas preconcebidas llevan a trastocar fines y medios, como cuando alguien afirmó, poco antes del 1 de octubre, que “la magistrada no facilitó las cosas”. Porque las disposiciones del fiscal habían quedado sin efecto y parece que estas eran más eficaces para el objetivo. ¿Pero el objetivo no era cumplir el mandamiento judicial?

 Abundando: un testigo se descuelga diciendo “si se hace un estudio se comprobará cómo están organizados y cómo se movilizan (los independentistas)”. Dicho como si él supiera ya esas  circunstancias. Pero si no está hecho el estudio, ¿cómo lo sabe? ¿Y por qué no aporta los datos que justifican su afirmación? Este mismo testigo afirmó de unas movilizaciones que eran “aparentemente festivas”. Pues si con su cargo no puede demostrar lo que había detrás de la fiesta no sé quién lo va a hacer.

Muy curioso ha sido también escuchar a un testigo  quitar valor a unas imágenes para dárselo a otras, que supongo que le van más a sus tesis, y decir en plan advertencia “esas (las que le gustan) no salen en televisión”. Porque ya saben ustedes que las televisiones de España están a favor del soberanismo. Y a otro “no puedo demostrarlo, pero es evidente”. Pues vaya una evidencia, que no se puede demostrar.

Después de estos días nadie nos ha dado pistas sobre la razón por la que no se contemplaba en la orden judicial para impedir el referéndum la actuación en centros privados y, aunque ya se han bajado varios escalones en el mando de las fuerzas del orden, no sabemos que se haya abierto una investigación por la orfandad de armas largas en vehículos policiales rodeados de civiles, ni tampoco el criterio que se siguió para actuar en unos municipios y no en otros (tampoco lo sabe el coordinador del dispositivo). Pero sí nos hemos enterado de las circunstancias de algo a lo que se le dio mucha importancia, seguramente interesada: una  compra de armas para la policía autonómica catalana. Nos han informado de que los trámites seguidos y el protocolo realizado ha sido el habitual y el encargo era conocido y controlado por las fuerzas del Estado que tienen esa misión. Se desinfla la baza de los que la utilizaron para echar leña al fuego. También nos ha quedado claro que los supuestos seguimientos de la policía autonómica a Policía Nacional Y Guardia Civil, no eran tales, sino parte de incidencias semejantes a los que se realizan con ambulancias o bomberos y que en ningún caso se chequearon matrículas.

Otro botón: para darle más vigor al relato de una protesta, un testigo señala la presencia de encapuchados; se le dice que llovía, por lo que sería normal taparse la cabeza; se le pregunta si no serían embozados, cubriéndoles más la cara que la cabeza. No sabe.

Una gran parte de las sesiones han tenido por protagonista a la policía autonómica: se ha querido saber si de forma premeditada fue ineficaz para impedir el referéndum. Una circunstancia a la que se ha recurrido ha sido el número de efectivos. Y se ha traído a colación la declaración de un alto cargo de Interior, en un medio de comunicación, que decía que solo se podía haber impedido eficazmente con 90.000 agentes, lo que da idea de que ni la policía autonómica ni el resto de fuerzas del orden, con el 80% de los antidisturbios de toda España actuando en Cataluña, según se ha dicho en el juicio, habrían impedido la votación.

El tribunal dilucidará en qué grado todas las fuerzas del orden cumplieron el mandato judicial. Unas fuerzas del orden que eran un solo dispositivo, y no tres, como ha aclarado un testigo policía autonómico, pero que una parte, en un determinado momento, con tanto coordinador y tanto mando, decidió actuar por su cuenta, poniendo como respaldo el cumplimiento del auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la renuencia de las fuerzas autonómicas. Y yo empiezo a pensar que la actuación de estas, que no era poca, fue la más inteligente.

8 de marzo, Tres Cantos (Madrid)

Bandera feminista

La voz de la conciencia

No se dejan vencer

Ni un paso atrás

Ni un solo ultraderechista

Pública y laica. Lo demás son cuentos y negocio

Tambores de lucha

El pueblo unido

El juicio de ZD: 3.Son cosas que pasan

El señor Rajoy lee los periódicos, digitales. Y es lo que hizo entre la declaración testifical de la señora Sáenz de Santamaría y la suya propia, que vino a continuación. Es lo que dijo para justificar su mención a palabras que se habían pronunciado horas antes, no muchas, en el interrogatorio de la anterior testigo. Porque los testigos no pueden hablar sobre el juicio ni conocer lo que se dijo en la sala antes de que declaren, según explicaron un abogado defensor  y el presidente del tribunal. Conocemos la norma; por eso la mención que reflejaba el conocimiento de lo acontecido esa mañana por parte del señor Rajoy nos puso en alerta como se ponen en alerta los felinos a la caza. Confieso que algo sospeché cuando ambos, expresidente y exvicepresidenta, en sus declaraciones, le restregaron por la cara a Cataluña que su calificación crediticia estuvo al nivel de “bono basura”. Casualidades. Después, el expresidente del Gobierno, al final de su intervención, bien clarito lo dijo: "como se ha dicho aquí esta mañana". Pero el señor Rajoy se explicó: “leo los periódicos, digitales”. Y aquí no ha pasado nada.

Bueno, no pasó nada con el asunto de las coincidencias, pero ha pasado mucho. Me gustaría hacerles llegar a ustedes mi estupor, mi desazón, al comprobar cómo políticos con altas responsabilidades de gobierno parecen enteradísimos, dueños de la situación y presumiendo de su capacidad de gestión de cualquier crisis y acontecimiento cuando se les interpela en el parlamento, cuando aparecen ante los medios de comunicación; y, sin embargo, al escarbar, al ponerles en la situación de testificar sobre el control que mantenían sobre los importantes acontecimientos sucedidos en Cataluña, sobre sus previsiones y disposiciones, aparecen estos gobernantes como barcos a la deriva al pairo de sucesos que escapan a su capacidad de decisión.  Sobrecoge pensar en manos de quién dejamos nuestro país.

Sobrecoge eso, y sobrecoge lo cargado de razón y  arrogante, que se le vio al señor Rajoy explicar que el recibir en el rostro una pelota de goma o sangrar por un porrazo en la cara es un riesgo que se corría por querer participar en el referéndum y que los responsables son los que no pararon el proceso. Simple.

Pero las cosas no son así de sencillas. Por un momento tuve una sensación de confusión. Me tuve que parar a pensar si no se habían cambiado las tornas; si Rajoy, si Sáenz de Santamaría, si  Zoido, eran los acusados. Sus testimonios estuvieron plagados de autojustificaciones y desconocimientos sobre operativos policiales y toma de decisiones, sobre los que versaron gran parte de las preguntas. Hay que reconocer que el exministro de Interior contestó de forma más pertinente, ajustándose más a la pregunta y sin los aires de superioridad que adoptó Sáenz de Santamaría, dispuesta a no contestar “Sí” o “No”, como si el hacerlo implicara rebajarse. ¿Se imaginan que sus respuestas empezaban con un admonitorio “Mire…” y luego venían “explicaciones” que parecían recitadas y preconcebidas, con la historia bien aprendida?  ¿Suelen los testigos dirigirse a los letrados en ese plan? Eché de menos algún comentario del presidente de la sala como a otros se les afearon sus interjecciones.

Los puntos fuertes a los que se agarran los acusados nos llevan a plantearnos debates que se han dado en otros tiempos y lugares: la desobediencia a leyes que se consideran injustas, aunque se den en países con sistemas de democracia homologada; la legitimidad de la desobediencia civil; la supremacía de la propia conciencia y moral sobre la legislación o sobre los mandatos de los tribunales, por ejemplo. Pensemos en una despenalización de un referéndum para el que no se tienen competencias, realizada hace años, y en cambios legislativos de última hora, en caliente, en paralelo a los acontecimientos de Cataluña. Pensemos en la sentencia de inconstitucionalidad de aquel  estatuto de autonomía fallido, ya refrendado,  y las dudas sobre una auténtica separación de poderes, en medio de una pertinaz campaña anticatalanista.

Hasta el momento no puedo dejar de sentir grandes dosis de admiración por la sociedad catalana. También este juicio está sirviendo para conocer mejor la capacidad de ese país para asociarse y defender su lengua y su cultura, con cientos de miles de personas participando en organizaciones sociales; con gran potencial de movilización pacífica que impresiona por su disciplina y organización.

El juicio de ZD: 2.Orden en la sala

Entre unos y otros están siendo destripadas  diversas circunstancias sobre la consulta del 1 de octubre en Cataluña; a destacar, por ejemplo, lo que  rodeó al dispositivo de cuerpos policiales enviado para evitar la votación. También están quedando sobre la mesa  los acontecimientos que se dieron en la concentración de personas en la vía pública  para protestar por un registro judicial en unas dependencias de la Generalitat.  A pesar de la prosopopeya que se gastan encopetados ministros y sus segundos y sus terceros; a pesar de sus frases rimbombantes, muchas veces aduladoras sin disimulo, sobre lo mucho que aman y se preocupan por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  no tenemos más remedio que concluir que el dispositivo enviado a Cataluña con el objetivo de reprimir la disposición de las autoridades autónomas y una parte importante de la población para organizar un  referéndum  y consumarlo resultó ser una chapuza descomunal. A raíz de una pregunta de la Fiscalía, que en ocasiones parece no haber meditado bien su actuación,  sobre la denegación de atraque en Palamós de un barco, rescatado como buque de trayectos de veinticuatro a cuarenta y ocho horas máximo, en el que viajaban de incógnito y se alojaron dotaciones policiales, hemos podido ver documentos y escuchar relatos que ponen de manifiesto improvisación e ignorancia de los trámites de rigor ante las autoridades costeras. Empezó mal el despliegue y acabó peor: todo el mundo, literal, pudo ver el mal uso de la fuerza pública, y todo para no poder impedir que la consulta se llevara a cabo.

Vamos descubriendo detalles que pueden parecer anecdóticos, pero si se analizan las vueltas y revueltas que utilizan las acusaciones de unos hechos concretos, da la impresión de que se quieren elevar a mayúsculos comportamientos que no parecen de especial trascendencia.  Después del interrogatorio de varios acusados, muy relevantes, se reducen a unas pocas situaciones las que se utilizan para incriminar a los interrogados. A saber: la concentración de miles de personas ante una dependencia de la Generalitat mientras se realizaban diligencias judiciales, con el objetivo de plantearse la calificación de los hechos como rebelión o sedición, para lo que es necesario identificar a los cabecillas y demostrar que suplantaron a alguna autoridad y tomaron decisiones que no les correspondían; el gasto que supuso el desarrollo del referéndum; la desobediencia a las disposiciones del Tribunal Constitucional y la responsabilidad de las movilizaciones ciudadanas. Para ello las acusaciones hacen referencia a documentos, unos asumidos por los acusados y otros no, intentando que esa inclusión del término “movilizaciones” se asocie con altercados y tumultos, utilizando para ello la expresión “choque de trenes”, cuyo significado era, en su momento,  el de conflicto institucional; e,inclusive, la alteración de la literalidad de una entrevista periodística a uno de los acusados. Porque las acusaciones no se limitan a interrogar; también entran en debate con los acusados, valorando de tal manera las respuestas de estos que muestran claramente prejuicios y predisposiciones por parte de dichas acusaciones. Esto ha supuesto intervenciones del presidente de la sala para que todos se ajusten  al momento y objetivos del interrogatorio. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia de la acción del presidente del tribunal, siendo, hasta ahora, irreprochable.  La autorización de la sala para que fuesen expuestas  fotografías y vídeos nos permitió ver, entre otras cosas, el ambiente de normalidad de la dependencia oficial donde se estuvo realizando el registro que motivó la concentración de protesta; el pasillo abierto por los voluntarios para facilitar el acceso de personas, incluidas fuerzas del orden; la ausencia de tensión entre concentrados y policías, que aparecían sin ningún tipo de protección antidisturbios ante la puerta acristalada, intacta, de la consejería en cuestión;  y bastantes personas, parece que de medios de comunicación, tomando imágenes sobre el techo de un vehículo policial abandonado a su suerte.

Contrastan la trascendencia de los documentos que, hasta ahora, han mostrado las defensas (por ejemplo: registro de solicitudes de uso del puerto de Palamós, y dimensiones de este, así como diversas imágenes) con los aportados por las acusaciones y que utilizan para interrogar sin mostrar, hasta ahora, contundencia sobre la mayoría de las cuestiones, como “hojas de ruta” en las que se hace referencia a cargos y no a personas concretas, correos electrónicos  que no han mostrado que se contestasen, ni siquiera que se abriesen. Muchas vueltas a la financiación del referéndum, aunque no parece probable, de momento, que se pueda demostrar, condición imprescindible, que se utilizaron recursos públicos. Esperaremos a los próximos testimonios  para que se confirmen o no nuestras impresiones.