Entre unos y otros están siendo destripadas diversas circunstancias sobre la consulta del
1 de octubre en Cataluña; a destacar, por ejemplo, lo que rodeó al dispositivo de cuerpos policiales enviado
para evitar la votación. También están quedando sobre la mesa los acontecimientos que se dieron en la
concentración de personas en la vía pública
para protestar por un registro judicial en unas dependencias de la
Generalitat. A pesar de la prosopopeya
que se gastan encopetados ministros y sus segundos y sus terceros; a pesar de
sus frases rimbombantes, muchas veces aduladoras sin disimulo, sobre lo mucho
que aman y se preocupan por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tenemos más remedio que concluir que el
dispositivo enviado a Cataluña con el objetivo de reprimir la disposición de
las autoridades autónomas y una parte importante de la población para organizar
un referéndum y consumarlo resultó ser una chapuza
descomunal. A raíz de una pregunta de la Fiscalía, que en ocasiones parece no
haber meditado bien su actuación, sobre
la denegación de atraque en Palamós de un barco, rescatado como buque de trayectos
de veinticuatro a cuarenta y ocho horas máximo, en el que viajaban de incógnito y se alojaron dotaciones policiales, hemos podido ver documentos y escuchar relatos que ponen
de manifiesto improvisación e ignorancia de los trámites de rigor ante las
autoridades costeras. Empezó mal el despliegue y acabó peor: todo el mundo,
literal, pudo ver el mal uso de la fuerza pública, y todo para no poder impedir
que la consulta se llevara a cabo.
Vamos descubriendo detalles que pueden
parecer anecdóticos, pero si se analizan las vueltas y revueltas que utilizan
las acusaciones de unos hechos concretos, da la impresión de que se quieren
elevar a mayúsculos comportamientos que no parecen de especial trascendencia. Después del interrogatorio de varios acusados,
muy relevantes, se reducen a unas pocas situaciones las que se utilizan para
incriminar a los interrogados. A saber: la concentración de miles de personas
ante una dependencia de la Generalitat mientras se realizaban diligencias
judiciales, con el objetivo de plantearse la calificación de los hechos como
rebelión o sedición, para lo que es necesario identificar a los cabecillas y
demostrar que suplantaron a alguna autoridad y tomaron decisiones que no les
correspondían; el gasto que supuso el desarrollo del referéndum; la
desobediencia a las disposiciones del Tribunal Constitucional y la
responsabilidad de las movilizaciones ciudadanas. Para ello las acusaciones
hacen referencia a documentos, unos asumidos por los acusados y otros no, intentando
que esa inclusión del término “movilizaciones” se asocie con altercados y
tumultos, utilizando para ello la expresión “choque de trenes”, cuyo
significado era, en su momento, el de conflicto institucional; e,inclusive,
la alteración de la literalidad de una entrevista periodística a uno de los
acusados. Porque las acusaciones no se limitan a interrogar; también entran en
debate con los acusados, valorando de tal manera las respuestas de estos que muestran
claramente prejuicios y predisposiciones por parte de dichas acusaciones. Esto
ha supuesto intervenciones del presidente de la sala para que todos se ajusten al momento y objetivos del interrogatorio. En este sentido, se pone de
manifiesto la importancia de la acción del presidente del tribunal, siendo,
hasta ahora, irreprochable. La
autorización de la sala para que fuesen expuestas fotografías y vídeos nos permitió ver, entre
otras cosas, el ambiente de normalidad de la dependencia oficial donde se
estuvo realizando el registro que motivó la concentración de protesta; el
pasillo abierto por los voluntarios para facilitar el acceso de personas,
incluidas fuerzas del orden; la ausencia de tensión entre concentrados y
policías, que aparecían sin ningún tipo de protección antidisturbios ante la
puerta acristalada, intacta, de la consejería en cuestión; y bastantes personas, parece que de medios de
comunicación, tomando imágenes sobre el techo de un vehículo policial abandonado a
su suerte.
Contrastan la trascendencia de los documentos que, hasta
ahora, han mostrado las defensas (por ejemplo: registro de solicitudes de uso
del puerto de Palamós, y dimensiones de este, así como diversas imágenes) con los
aportados por las acusaciones y que utilizan para interrogar sin mostrar, hasta
ahora, contundencia sobre la mayoría de las cuestiones, como “hojas de ruta” en
las que se hace referencia a cargos y no a personas concretas, correos electrónicos que no han mostrado que se contestasen, ni
siquiera que se abriesen. Muchas vueltas a la financiación del referéndum,
aunque no parece probable, de momento, que se pueda demostrar, condición
imprescindible, que se utilizaron recursos públicos. Esperaremos a los próximos
testimonios para que se confirmen o no
nuestras impresiones.
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