Imágenes. Hemos visto muchas imágenes; y hemos escuchado gritos, voces, arengas, tan
significativos como las imágenes. Nos han mostrado fotografías con varias
personas con la cabeza sangrante, pero no se han podido ver las circunstancias
en las que se han producido tales heridas. Pero lo que más impresiona es
escuchar a un niño de unos diez años, calculo, provocar e insultar a los
guardias. Es así, con ese padre junto al hijo expresando su violencia verbal,
como se alimenta la intolerancia y se siembran odios irredentos encerrados en el círculo vicioso de la afrenta
permanente.
Como reconoció uno de los abogados en el momento de renunciar a cualquier impugnación de las
imágenes propuestas como prueba por la acusación, pueden, estas imágenes, servir
tanto a las tesis defensoras como a las acusadoras. Pareció por un momento que
las defensas ganarían la partida de la exhibición de los vídeos probatorios
que presentaban los fiscales ya que estos se mostraron confusos para señalar
hora y lugar de las escenas mostradas en los vídeos, dejando a estos fiscales en mal lugar,
sobre todo tras la presentación, ordenada y precisa, de los vídeos propuestos
por las abogadas del Estado. Ya se comprobará el alcance de esa imprecisión de
los fiscales ante el tribunal, pero si hay que dar una impresión general de lo
sucedido el 1 de octubre, a través de las imágenes de unos y de otros, será
que, en la mayoría de los casos, la policía retiró a los componentes de las
barreras humanas “a mano”, sin emplear
medios más contundentes de disolución de masas, aunque en algún caso sí hubo
utilización de porras y deplorables secuencias de algún policía propinando un
manotazo en la cara y a otro, de paisano, con peto, empujando con el pie a un
sujeto que trataba de levantarse del suelo.
La acción policial supuso un esfuerzo ímprobo para abrirse paso a través de las barreras
humanas, de puertas atrancadas y accesos cerrados; y total para intervenir en un pequeño
porcentaje de los centros de votación abiertos, con lo que parece que la
ecuación coste-beneficio no presenta un resultado positivo. Da la impresión de
que si formalmente se cumplía con un mandato judicial, allí se ventilaba algo
más: un pulso entre los que prometieron que habría consulta y los que
aseguraron que lo impedirían. Porque si las fuerzas de seguridad actuaban como
policía judicial, como nos han repetido hasta el cansancio, debería haber sido
la autoridad judicial la que tendría que haber estado al tanto de las
circunstancias y dificultades con las
que los agentes se iban encontrando, sobre todo ante unos acontecimientos tan
poco corrientes, y ajustar ese mandato a la respuesta de la población y a la
capacidad de la policía. La situación era tan especial que emitir un auto con
orden de impedir el acto de votación con una escueta referencia al
mantenimiento de la paz ciudadana, que cada uno ha entendido como le ha
parecido, sin un seguimiento y una toma de decisiones actualizada minuto a
minuto se me antoja inapropiado. De
haberse producido una mejor coordinación judicial se podría haber corregido, o
respaldado, en el acto, la acción de la policía autonómica, tan distinta a la
de los otros cuerpos policiales. Una policía autonómica aplaudida por el gentío
del 1 de octubre, a la que gritaban “esta
es nuestra policía” cuando la pareja de agentes se retiraba ante la
imposibilidad de cumplir la orden judicial. Sí, era “su” policía; pero tampoco
la dejaron pasar.
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