Me imagino que los que ven en el Muy Honorable expresidente
de la Generalitat de Cataluña, señor Puigdemont, una bestia negra de la integridad territorial de España y de su
sistema judicial experimentarán
cierto placer cuando el fiscal se refiere al político, una y otra vez, apelando a su situación jurídica, como procesado rebelde Puigdemont. Parece que, con esa reiteración, se puede
encontrar consuelo del “quiero y no
puedo” llamando al expresidente, residente en la Unión Europea, lo máximo que,
hasta ahora, es permisible. Sí;
procesado rebelde, pero solo en España. Situación anómala que debería
hacer reflexionar sobre la calificación de los posibles delitos y sobre lo que
significa ser parte de una Unión formada por naciones líderes mundiales en
usos democráticos y respeto a los derechos de los ciudadanos. Una situación anómala propiciada
por España, al haber apostado al juego de “Todo o nada”. Mucho se habla de los
peligros de la Unión: insolidaridad entre países, auge de los escépticos en la
comunidad europea, salida de naciones, etc.
Pero este empeño en prescindir de los mecanismos compartidos para la
persecución de los delitos es especialmente dañino porque se nos dice que la
Unión no nos sirve y España decide hacer de su capa un sayo. Obras son amores,
y por encima de la eficacia están las garantías de los ciudadanos de los que
Europa es valedora y siempre, afortunadamente, tiene la última palabra.
Objeto de polémica, a todos los niveles, es la actitud de la policía autonómica frente
a las órdenes judiciales para impedir el referéndum, su relación con las
autoridades catalanas, con la
coordinación y con los mandos de los demás cuerpos policiales. Se ha hablado de
desconfianza hacia la policía catalana porque las policías estatales recogieron
información sobre centros de votación en
los días previos al 1 de octubre, por ejemplo. Y se ha hecho frente a esa
desconfianza mostrando la postura de la policía catalana de respeto a las decisiones
judiciales y a la ley, mostrando el malestar existente en estas fuerzas del
orden al observar la deriva de ilegalidad que emanaba de las actuaciones de la
Generalitat y relatando los intentos para que el poder político detuviera el
referéndum. Hay que hacer constar que se le dijo a la policía autonómica, por parte de los dirigentes de la Generalitat, "que hiciera su trabajo", que es cumplir la ley. Es notable el esfuerzo de las dos partes por convencer a los demás
de sus tesis: por un lado las policías estatales, sus mandos políticos y
operativos, sobre la falta de disposición de las fuerzas autonómicas y su
deslealtad; y por el otro los mandos de la policía autonómica desmarcándose de
las intenciones secesionistas de los dirigentes políticos. Como prueba de esto
último el titular (que tan bien viene a los medios de comunicación de masas): la
policía autonómica tenía un plan para detener a Puigdemont.
El presidente del tribunal no suele interrogar a los
testigos, pero en esta ocasión, amparado por la ley, cuando terminó la
intervención de todas las partes,
utilizó su derecho para hacer una sola pregunta al máximo responsable de la policía autonómica durante
el desarrollo de los hechos que se juzgan: ¿cuál era el
motivo por el que el testigo, el señor Trapero, solicitó una reunión, a la que
se había hecho mención con anterioridad, con los máximos responsables de le Generalitat? (Respuesta: intentar que se parara el referéndum, esencialmente.) Esta pregunta muestra el gran interés del tribunal por delimitar claramente la
responsabilidad de los hechos y distinguir la actuación política de la
policial. Pistas de por dónde pueden ir las conclusiones. Algún día llegarán.
De acá y de allá.
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