Por mucho empeño que haya puesto el presidente del tribunal
en evitar las conjeturas y valoraciones que emiten los testigos de los
hechos sobre los que declaran, a veces inducidas por intervenciones de las
acusaciones, hemos podido comprobar, en ocasiones, cómo se traslucen juicios de
valor que van más allá de los meros datos procedentes de la experiencia
material del declarante. Confiar en la justicia implica suponer que el tribunal
está dotado de la suficiente sapiencia para dilucidar en qué medida las
percepciones “objetivas” de un testigo no están teñidas por ideas previas,
convencimientos personales y la tendencia
a confirmar que sucedió aquello que se esperaba
que sucediera. No se trata de decir que mienten, como tampoco se trata de que
las personas rechazadas para formar parte de un jurado en los Estados Unidos,
por ejemplo, tengan intención de actuar injustamente, pero en este caso todos conocemos el cuidado que se pone y la
posibilidad de recusación de los candidatos a formar parte del jurado por
diversas situaciones que tienen que ver con características personales, y vivencias,
de los preseleccionados. En el caso que nos ocupa tenemos la ventaja de que las
verdades experimentadas por un testigo pueden ser matizadas por otros y por la
capacidad de raciocinio de los jueces, siendo más trascendente la objetividad
de los que componen los jurados norteamericanos. Cuando un testigo se sale, con
razonamientos y creencias, del dato, o cuando da el dato y añade un “pero” y
una perorata que nadie le pidió nos está diciendo lo que para él significa y su esfuerzo porque confirme la conclusión a la que ya él ha llegado
previamente.
Nuestras ideas, experiencias, temperamento y expectativas no solamente nos
hacen ver las cosas de una determinada forma; además pueden determinar nuestra
conducta, abriendo unos caminos y cerrando otros, potenciando aquellos que
confirman esas ideas y expectativas y los que son congruentes con nuestro
carácter. Y un suceso que a una persona le puede despertar sorpresa,
incertidumbre o incomodidad, a otra le da miedo. Lo que para una persona puede
ser susceptible de mediación, otra lo puede considerar innegociable.
Muchas partes
implicadas en este juicio se encuentran sometidas a la influencia de unas
emociones exacerbadas por un patriotismo
que forma parte de su divisa, por la presión de la opinión y cierto resquemor,
no entraremos ahora a opinar sobre si está justificado o no, labrado durante décadas.
Todo lo anterior explica que en un testimonio se repita
varias veces “tumulto” porque se sabe que es un elemento importante en la
tipificación de los hechos; que de forma reiterativa, sin un solo olvido en el
testigo, se apellide policía “judicial” a los antidisturbios cuando trataron de
evitar el referéndum. ¿Es mentira? No. Los agentes cumplían una orden de una
magistrada, pero esa insistencia inusual implica una intención. También las
ideas preconcebidas llevan a trastocar fines y medios, como cuando alguien
afirmó, poco antes del 1 de octubre, que “la magistrada no facilitó las cosas”.
Porque las disposiciones del fiscal habían quedado sin efecto y parece que
estas eran más eficaces para el objetivo. ¿Pero el objetivo no era cumplir el
mandamiento judicial?
Abundando: un testigo se descuelga diciendo “si
se hace un estudio se comprobará cómo están organizados y cómo se movilizan
(los independentistas)”. Dicho como si él supiera ya esas circunstancias. Pero si no está hecho el
estudio, ¿cómo lo sabe? ¿Y por qué no aporta los datos que justifican su
afirmación? Este mismo testigo afirmó de unas movilizaciones que eran “aparentemente
festivas”. Pues si con su cargo no puede demostrar lo que había detrás de la
fiesta no sé quién lo va a hacer.
Muy curioso ha sido también escuchar a un testigo quitar valor a unas imágenes para dárselo a
otras, que supongo que le van más a sus tesis, y decir en plan advertencia “esas
(las que le gustan) no salen en televisión”. Porque ya saben ustedes que las
televisiones de España están a favor del soberanismo. Y a otro “no puedo
demostrarlo, pero es evidente”. Pues vaya una evidencia, que no se puede
demostrar.
Después de estos días nadie nos ha dado pistas sobre la
razón por la que no se contemplaba en la orden judicial para impedir el
referéndum la actuación en centros privados y, aunque ya se han bajado varios
escalones en el mando de las fuerzas del orden, no sabemos que se haya abierto
una investigación por la orfandad de armas largas en vehículos policiales
rodeados de civiles, ni tampoco el criterio que se siguió para actuar en unos
municipios y no en otros (tampoco lo sabe el coordinador del dispositivo). Pero
sí nos hemos enterado de las circunstancias de algo a lo que se le dio mucha importancia,
seguramente interesada: una compra de
armas para la policía autonómica catalana. Nos han informado de que los trámites
seguidos y el protocolo realizado ha sido el habitual y el encargo era conocido
y controlado por las fuerzas del Estado que tienen esa misión. Se desinfla la
baza de los que la utilizaron para echar leña al fuego. También nos ha quedado
claro que los supuestos seguimientos de la policía autonómica a Policía
Nacional Y Guardia Civil, no eran tales, sino parte de incidencias semejantes a
los que se realizan con ambulancias o bomberos y que en ningún caso se chequearon
matrículas.
Otro botón: para darle más vigor al relato de una protesta,
un testigo señala la presencia de encapuchados; se le dice que llovía, por lo
que sería normal taparse la cabeza; se le pregunta si no serían embozados,
cubriéndoles más la cara que la cabeza. No sabe.
Una gran parte de las sesiones han tenido por protagonista a
la policía autonómica: se ha querido saber si de forma premeditada fue ineficaz
para impedir el referéndum. Una circunstancia a la que se ha recurrido ha sido
el número de efectivos. Y se ha traído a colación la declaración de un alto
cargo de Interior, en un medio de comunicación, que decía que solo se podía
haber impedido eficazmente con 90.000 agentes, lo que da idea de que ni la
policía autonómica ni el resto de fuerzas del orden, con el 80% de los
antidisturbios de toda España actuando en Cataluña, según se ha dicho en el
juicio, habrían impedido la votación.
El tribunal dilucidará en qué grado todas las fuerzas del
orden cumplieron el mandato judicial. Unas fuerzas del orden que eran un solo
dispositivo, y no tres, como ha aclarado un testigo policía autonómico, pero
que una parte, en un determinado momento, con tanto coordinador y tanto mando,
decidió actuar por su cuenta, poniendo como respaldo el cumplimiento del auto
de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la renuencia
de las fuerzas autonómicas. Y yo empiezo a pensar que la actuación de estas,
que no era poca, fue la más inteligente.