En algún momento dijimos que en el juicio se ventilaban tres
asuntos principales. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de que se haya
producido rebelión, sedición, o nada, y el papel que se haya podido asignar
a esa “violencia” que nos han mostrado del
derecho y del revés. El otro asunto tiene que ver con la actuación de la
policía autonómica de Cataluña. Y el tercero con el uso, o mal uso, de los
recursos, o bienes, públicos puestos a disposición de las autoridades
catalanas.
Una cosa está clara: no hubo derecho a la ocupación de instalaciones públicas para organizar la votación del 1 de octubre. Los responsables de esos centros no pueden disponer de ellos según su
capricho porque es utilizar los bienes que tienen encomendados, y que
pertenecen al común, para unos fines
partidistas cuando menos. Este asunto no
carece de importancia, ya que muestra el nivel de espíritu cívico y de comprensión
de lo que significa la titularidad pública. Pero no esperen otra cosa de una
sociedad que tolera el uso de parajes naturales de patrimonio nacional para
vacaciones de gobernantes, que utilizan medios de transporte para hacer algún
“recado” que otro aprovechando viajes oficiales, incluyendo en ocasiones a la pareja, que no
debería ni aparecer en esas situaciones. Así que no es de extrañar que con el
ejemplo de los “mayores” haya gente a la que no le importe pisotear los bienes
públicos y lo que significan.
Hubo disquisiciones sobre la imputación económica de las
ocupaciones de locales el 1 de octubre. Técnicos discutiendo, absurdamente si
se piensa, si se pueden valorar esos inmuebles como alquilados, si había que
fijarse solo en las aulas con urnas o en todas las instalaciones, si es
correcto utilizar este o aquel método de cuantificación. Zarandajas. Hubo aprovechamiento
indebido de bienes públicos por parte de los ocupantes, y los funcionarios que lo facilitaron no
cumplieron con su obligación de custodia de esos bienes. Llámese como
corresponda la figura del código penal
que lo contemple, que tampoco me importa. Pero lo que está claro es que
en este caso los responsables son los individuos que entregaron llaves, los que
abrieron por sí mismos y los que se instalaron allí como el que acude a la
fiesta de cierre de temporada de su piscina comunitaria. No es razonable que
los acusados sean condenados por estos hechos como si se hubiesen servido de obedientes autómatas sin inteligencia ni voluntad; no constando, además, que ordenasen ni organizasen esas ocupaciones y actividades.
Por otro lado, no me parece que se haya demostrado
fehacientemente daño al erario público, causado por las personas juzgadas, que se pueda atribuir a campañas sobre el
referéndum ni a la celebración del mismo. Otra cosa es el empleo de alguna
organización, tipo fundación, para sufragar viajes de expertos internacionales que observasen la
realidad social y política de Cataluña. Será a los responsables de esos
organismos sostenidos en parte con fondos públicos a los que habría pedir
explicaciones sobre el empleo de sus recursos, aunque parece que en este país
se tiene la manga muy ancha con este tipo de sociedades sin ánimo de lucro en
el que participan, además de gobiernos autonómicos, patronos variopintos que
van desde bancos a sindicatos pasando por grandes almacenes. Claro que,
seguramente, esa responsabilidad caería en el ámbito del “error de gestión” al
que nos tienen acostumbrados políticos y directivos de empresas públicas. Lo
mismo se puede decir del uso partidista e ideológico de medios de comunicación
públicos, en este caso catalanes, que no
tienen en cuenta escrúpulos morales en el uso de los recursos que se han puesto a su disposición.
Dada la magnitud de la movilización popular y la
descoordinación, pretendida o no por las autoridades, de la actuación policial concurrente, no es
razonable concluir que la policía autonómica
catalana favoreció la celebración del referéndum ni promovió el
incumplimiento de leyes o la separación de Cataluña. Al margen de que pudo
haber miembros del cuerpo catalán que mostrasen su empatía con el independentismo, no hubo una situación
de colaboración con el movimiento por la independencia, por mucho que se haya
querido subrayar la inacción de una policía autonómica en unos acontecimientos
que no estaban previstos suficientemente. Fueron las mutuas desconfianzas, las
ideas preconcebidas y, quizá, la impericia en el manejo de una situación que los máximos responsables políticos de la nación dejaron cómodamente en manos "técnicas", como si se tratase de una avería en la acometida de aguas, las
que propiciaron actuaciones policiales tan dispares.
A pesar de que sí se puedan calificar de violentas algunas
actitudes que pretendían evitar la acción policial el 1 de octubre y las que
resultaron del acoso a convoyes y acuartelamientos de las fuerzas de seguridad,
no se puede decir que se haya recurrido a la violencia para conseguir la
independencia de Cataluña. No se han utilizado armas ni se han retenido a
personas ni tomado edificios del Estado. Así que si para que haya rebelión,
según el código penal, es determinante violencia, habrá que concluir que no se
puede aplicar esa calificación de los hechos. Además, los rebeldes no acatan
decisiones sobre el cese de sus funciones por aplicación de un artículo de la
Constitución. Los rebeldes no entregan el poder, el poco o mucho que pudieran
ostentar a las primeras de cambio, cuando se lo reclama la legislación vigente.
Es posible que se entorpeciera la acción policial en algúno de los registros ordenados por la autoridad judicial o a la hora de impedir el referéndum,
pero si lo que puede llevar a penas por sedición se basa en las
concentraciones ante dependencias de la Generalitat, o con motivo de registros,
sería forzar en extremo esa calificación por sedición, ya que la acción popular
era más una protesta que una oposición firme y con fuerza al trabajo de las
comisiones judiciales. Y, en cualquier caso, no ha quedado acreditado que ese
supuesto impedimento a las órdenes judiciales, aun considerándolo suficiente
para calificarlo de sedición, fuera
alentado de forma concluyente por ninguno de los acusados.
Esto es lo que hay. Ahora vendrá la Justicia.
