El juicio de ZD: 16.Las dos cruces de la moneda

Llegamos a un momento desagradable, espinoso, ingrato, que es hablar de esa animadversión, de ese “odio” que, a veces expresamente y en ocasiones sobreentendido, se mencionaba por los testigos y que se instaló, como bicho de mal agüero, en la sala; siendo un componente más de esa “coreografía” de venias, pertinencias, turnos, protestas, pruebas y declaraciones.

Podría parecer que existen conflictos, más o menos virulentos, entre “legitimidades”,  entre  textos de leyes y constituciones, pero al final siempre se traducirán esos conflictos en acciones de las personas o sobre ellas. Eran personas las que gritaban a los policías que se fueran de su tierra, y eran personas las que jaleaban para que se fuese  “a por ellos”. Eran personas las que percibieron miradas de odio y rencor de intensidad inaudita y eran personas, acusadas, las que en la vista han dejado traslucir un profundo sentimiento de superioridad.

Sí. Es una apreciación subjetiva, no lo negaré, pero si se escarba en esas recomendaciones  a otros pueblos de este estado para que sigan el ejemplo del catalán, en esa generalización de unas supuestas virtudes específicamente catalanas, lo que requiere la comparación con otras gentes y en la que lógicamente saldrá favorable a los propios interesados, habrá que determinar que subyace la idea de que los líderes del movimiento secesionista forman parte de una sociedad incomparablemente mejor que la  de los españoles.

La sensación de superioridad de lo catalán brota espontánea porque es la vitola de la burguesía transmitida de generación en generación. Por eso algunas figuras públicas de Cataluña se permiten hablar,  incluso burdamente, de diferencias y similitudes  genéticas y de la mayor o menor afición al trabajo de otros pueblos.

Realizando un análisis con cierta profundidad se verá que una parte del rechazo  a lo catalán, aparte de la manipulación ejercida durante años por el partido oficial de la derecha, se debe a ese mirar por encima del hombro a los españoles.

Vamos a prescindir en nuestro razonamiento, que ya es prescindir, de la multiculturalidad y de la diversidad  propia de los tiempos que corren y que son patentes en los pueblos y ciudades de Cataluña,  tapándonos la nariz para no oler el tufo a exclusión; y vamos a conceder que existe una forma de ser específica del catalán, estupenda, claro, pero presumir de esas supuestas y generalizadas virtudes  huele a vanidad y engreimiento.

Seguramente no hay motivo ni para ese odio, percibido en parte con exageración, aunque básicamente cierto, hacia los policías del Estado, ni hay motivo para creerse esa superioridad como pueblo que está anclada en una visión decimonónica del progreso y alimentada por el clasismo propio de las sociedades  de mayor desarrollo económico.

Independientemente de la proverbial laboriosidad atribuida generalizadamente a los catalanes, no se pueden tomar a la ligera las razones de un supuesto progreso económico. Se podrá estar muy orgulloso de las gestas de la corona de Castilla, de la de Aragón, de los mercenarios almogávares o de las rutas comerciales de venecianos u holandeses, pero que no se olvide: el progreso de los pueblos se ha cimentado en la explotación de otros. Así fue y así es en esta sociedad tan justa y moderna que decimos tener.

El juicio de ZD: 15.Cuando la soberanía del pueblo no es retórica

Hemos podido escuchar, durante el proceso, que lo que se organizó el 1 de octubre no fue un referéndum; que sí lo fue, pero ilegal; que fue legal, aunque no vinculante; y también que su legalidad se basa en derechos inalienables por encima de las leyes y de las decisiones jurídicas españolas y, además, que constituyen sus resultados un mandato al parlamento catalán para llevar a cabo lo que se planteaba en la consulta.

Como es muy difícil, a lo que se ve, ser consecuente, especialmente cuando las palabras son artificiosas y re retuercen los argumentos, se termina actuando  bajo el peso de la realidad y no  de aquello que se daba por sentado y, en el fondo, no era más que un deseo.  Por eso los mismos que decían que aquello no era un referéndum terminaron por echar en cara que la participación no había llegado a la mitad del censo, que no había garantías de que los resultados publicados fuesen verídicos, entrando en el juego de la discusión sobre la legitimidad de la declaración de independencia y dando carta de naturaleza al referéndum, en lugar de negar la mayor: el referéndum no estaba permitido. Como hemos podido escuchar a todo tipo de personas, hay quien ha dado en el clavo y nos ha dicho que no comprende las consecuencias penales que se puedan derivar ya que  la consulta no tiene ningún valor jurídico. Por tanto,  tenemos que concluir que hubo referéndum, no solamente un simulacro, y que por eso, aunque se supiera de antemano su intrascendencia jurídica se trató de evitar como si fuese una acción del mismo demonio. Y es posible que formalmente no sea homologable con otras consultas, entre otras cosas porque se empeñaron en ello los medios de los que dispone el Estado, pero la participación fue masiva y mostrando una fuerte voluntad de hacerlo y, además, mayoritariamente a favor de las tesis propuestas. ¿Alguien da más? ¿Qué no había garantías? ¿Qué no era legal? Concedido, pero se ha certificado el sentir de una gran parte de la población y se ha podido ver del uno al otro confín. Los reproches sobre la formalidad de la consulta quedan para consuelo de burócratas;  pero bien mirado, sobre todo desde el punto de vista práctico, si se hubieran cumplido todos los requisitos de un referéndum legal estaríamos en la misma situación. Dicho de otro modo: el referéndum del 1 de octubre  tiene todo su valor moral y político, aunque  parece que no jurídico.

Es razonable pensar que si se materializa la comisión de cualquier acto delictivo que han organizado otros, tanto los organizadores como los participantes deberán responder,  en el grado que corresponda, de la realización de ese hecho delictivo. Imaginemos que, convocado y promovido el referéndum  como lo hizo la Generalitat, nadie hubiese acudido a constituir mesas ni a votar: no se podría decir que el referéndum se celebró y, por tanto, el fraude de ley solo se habría producido por el hecho de la convocatoria  y los correspondientes preparativos.  Pero los que participaron en el referéndum, de cualquier forma, han colaborado necesariamente con la consumación de un acto perseguido por  el ordenamiento jurídico, que motivó varias órdenes judiciales con el fin de evitar dicha votación.  Hemos escuchado a personas que asumen públicamente, delante de jueces y fiscales, que estaban al cabo de la calle de las disposiciones judiciales sobre el referéndum y que participaron, lo promovieron, ocuparon locales públicos, constituyeron mesas y colaboraron en el recuento.  Y a pesar de que sus acciones fueron determinantes, sobre todo la de votar, en la materialización de la consulta, parece que hay consenso en que los que hacían cola para llenar las urnas no pueden ser objeto de acusación de delito alguno. Es decir, no es delito participar en algo cuya organización sí lo es. ¿No resulta extraña esta situación? Si no fue delito votar, cuando se trataba de consumar una ilegalidad, y parece que es difícilmente  defendible lo contrario viendo como se han tomado los hechos los que vigilan estas cosas, que han actuado efectivamente soslayando esa posibilidad de delito, ¿cómo se puede defender que preparar y organizar un acto sea delito cuando la comisión de ese acto no lo es? ¿Quizá sea porque en estos casos es donde se hace realidad aquello de que “el pueblo es soberano” y cuando actúa como tal está por encima de todo poder?  En ese caso no sería justo perseguir a quien promovió el ejercicio real de esa soberanía.

El juicio de ZD: 14.Pasaban por allí

No hay grupo humano mínimamente cohesionado sin líder. El comportamiento adaptativo de nuestros  ancestros, como también les ocurre a gorilas y chimpancés y a otros mamíferos, les llevó a vivir en comunidad, lo que trajo como consecuencia la aparición de un líder a quien seguir. La  vida actual es muy distinta a la de las primeras organizaciones sociales humanas, pero del fondo de nuestra psique aflora la necesidad de sumisión a un jefe. Tan es  así que, en general, no basta con la creencia en un ser inmaterial, un dios, que con sus preceptos y mandamientos, comunicados de la mágica manera  de la que pudiera  ser capaz, iluminara a los humanos para comprender  su mundo; es necesario alguien más cercano a nuestra naturaleza, un ser de carne y hueso  al que se pudo tocar, ver y escuchar, para que se erija en el líder verdadero de una religión. Es el líder que agrupó en su momento a las distintas gentes el que determinó las particularidades de cada religión que ha sobrevivido a los avatares de la humanidad. Porque si atendemos  solamente a los atributos de  los espíritus supremos de cada creencia no se encuentran grandes  diferencias entre ellos.

Repasemos la historia de los grandes líderes pasados y presentes, grandes aunque solo sea por los millones de personas bajo su poder. Son los líderes a los que se atribuyen las grandes conquistas y las creencias de toda una población, al margen de la  lógica, en la raza y la supremacía y en la culpabilidad de las etnias que fueron chivo expiatorio de miserias nacionales. No hay que hacerse ilusiones: los líderes son capaces de arrastrar de forma irracional a sus seguidores y estos creerán en cualquier cosa que digan y avalarán los actos de aquellos. Que, en ocasiones, el liderazgo consiga movilizaciones emancipadoras o libertadoras no quita valor a lo dicho sobre el poder alienador del líder y la seducción acrítica que se implanta en los seguidores.

Como era de esperar, en el independentismo catalán también encontramos líderes: unos ejerciendo de políticos durante los hechos que esperan sentencia y otros surgidos de lo que podríamos llamar la sociedad civil. Todos ellos encausados. Cuando todo termine, o en el futuro más o menos lejano, ¿se les reconocerá  como líderes libertadores que sufrieron persecución o como líderes que se aprovecharon de la facilidad de manipulación de la gente? No nos aventuraremos a pronosticarlo, pero seguro que influirá el hecho de que al final consigan su objetivo o no.

Hemos podido ver, en la presentación de las pruebas del juicio, a los líderes “no políticos” en lo alto de escenarios, sobre vehículos policiales y mediando con las fuerzas del orden en concentraciones de protesta; y en las intervenciones que nos han mostrado se han podido escuchar discursos escasos de contenido, muy poco elaborados, sin especial calado, y lanzando frases poco variadas, e incluso anodinas, para que fueran coreadas una y otra vez por los concentrados, como esos mantras que utilizan algunos grupos místicos para impedir pensar. Pero esto es una cosa y otra es hacerles responsables de la declaración de independencia; de los acosos a cuarteles, que no se puede decir que alentaron; del destrozo de vehículos policiales por parte de incontrolados que ponían sucesivamente su granito de arena; de la organización del referéndum y de la afluencia masiva a las concentraciones motivadas por registros, que se realizaron sin mayores impedimentos más que los derivados del inmenso gentío que se congregó, al contrario de las importantes trabas a la acción policial que pudimos ver  el 1 de octubre. Hacerles responsables a estos líderes de los sucesos anteriores, principales elementos del proceso, sería forzar el concepto asociado a la  autoría de un delito, cuando no se conocen imputaciones a los autores materiales de lo que podríamos llamar desórdenes del 1 de octubre, acosos a policías en sus residencias e incidentes más o menos importantes en los  registros. No son la trama “civil” de una rebelión, si la ha habido. Y si existió sedición con el propósito de impedir los registros, lo que está por ver, no son más culpables que las multitudes que llenaron las plazas. Si existiera alguna responsabilidad en estos líderes, sin cargos públicos en el momento de los hechos, sería la de apoyar un proceso de independencia, alentarlo, promoverlo. Sin más  es una responsabilidad tan difusamente perseguible por el ordenamiento jurídico de la España democrática, según lo que hemos podido ver y escuchar, que deberían ser absueltos.

 Los poderes alimentan la idea de la irresponsabilidad de las gentes, de que los actos de las masas son impulsados por superhombres capaces de dirigir la mente de los demás,  esos seres  amontonados que  actuarán como autómatas sin cerebro ni voluntad gracias a ese impulso primigenio de obediencia ciega al líder. Hay que sacudir las conciencias, hay que exigir que no se trate a la gente como menores de edad, irresponsables de sus actos y a los que no se pueden pedir cuentas de sus decisiones. Ya se debería haber  acabado en estos tiempos con el escarmiento a los supuestos cabecillas cuando se es incapaz de controlar a las masas, como se acabó con la costumbre de diezmar para castigar a unas tropas de las que no se podía prescindir. Escarmentar a unos pocos, por delitos, donde los hubiere, cuya ejecución corresponde a otros, es muestra de gran debilidad.

El juicio de ZD: 13. El pedestal de Temis

La cuestión clave de todo el proceso es cómo hay que considerar la declaración de independencia que se llevó a cabo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre. Por un lado  cabe pensar que todos los pasos que se dieron estaban programados, pero por otra parte pudimos ver prisas, improvisadas tomas de decisión y sesiones parlamentarias en horas infrecuentes para anticiparse a decisiones jurídicas a las que no se pensaba hacer caso. Como se ha visto, el nacimiento de una república catalana desgajada del Reino de España no es fácil, ni por razones interiores de España y Cataluña ni por reconocimiento internacional; y si nos hemos dado cuenta de ello los observadores, también lo debían conocer los gestores de la independencia. Por eso parece que se quiso nadar, pero también guardar la ropa. De ahí esa declaración de independencia “simbólica”, en contraposición a efectiva, que no deja de ser un retorcimiento del concepto, porque los símbolos están para representar con la mínima expresión lo que pueden ser grandes fenómenos. La llamaron simbólica porque no pudo ser, porque no fue reconocida por la comunidad internacional, y porque hoy en día, en nuestro mundo, el poder formal, y su toma, no puede prescindir de ese otro poder real que es la gente en comunicación permanente y movilizada. Gente en comunicación permanente y movilizada que hizo posible que la mitad de la población se creyera  que podía celebrar un referéndum y parar a la policía, pero población a la que le costó más creerse la independencia. Esa declaración de independencia se quedó a medias, con lo que sufrirá las consecuencias y no disfrutará de las ventajas. Se actuó más con la intención de “a ver qué pasa” que como mera declaración de intenciones, y de haber tenido algún reconocimiento u otra posibilidad de haberse puesto en marcha habría sido cosa hecha, y las declaraciones de los acusados en el juicio, en general,  no hacen otra cosa que reafirmar su intención de poner por encima de las leyes españolas el derecho de autodeterminación de los residentes en Cataluña. La declaración de independencia no la hizo uno que pasaba por allí; la hicieron personas con autoridad formal y real, que representan para millones de personas la encarnación de las instituciones propias de Cataluña, que tienen gran capacidad de movilización popular y tras unos trámites parlamentarios que llevaban la intención de plasmar la máxima soberanía. Así que, para continuar el análisis, partamos de la base de que la declaración iba en serio.

La independencia se declaró como se declararon otras que figuran en los anales, y así figurará esta, y constará como fallida. Y para ese acto de asunción de soberanía se necesitó el 1 de octubre. Se ha dicho en el juicio que durante las fechas de los sucesos más importantes del proceso no hubo toma de dependencias  de gobierno, de centros de poder o de comunicaciones, etc. Pero sí se tomaron dependencias públicas como centros de enseñanza o de salud formando barreras humanas para impedir el paso de la policía, y que en la mayoría de los casos esas barreras consiguieron anular las intenciones de los agentes, empezando por las parejas de policías autonómicos que se desplegaron por todo el territorio.  

Una cosa es convocar el referéndum, y que concedamos que podía haber gente que acudió a votar sin saber que la consulta era ilegal, y otra la resistencia a que se cumpliera el mandato de cierre de centros y requisa de material así como el paso a los distintos cuerpos policiales. Unos centros que fueron ocupados “sin permiso”, según algún testigo, o que fueron puestos a disposición de quien llegara por alguien con capacidad para abrirlos. La Generalitat convocó la consulta, según se ha acreditado, y puede ser que más o menos abiertamente diera los pasos para suministrar material de votación y “decretara” el censo universal, pero no instó expresamente a la ocupación y “defensa” de los centros de votación. Lo que sucede es que el referéndum era necesario para declarar la independencia,  y para que se pudiera realizar la votación había que superar a la acción policial, como así sucedió: hubo referéndum gracias a la ocupación de los centros y hubo declaración de independencia. El hecho, la declaración, contó con la colaboración de los ocupantes y la Generalitat asumió esos resultados. Pero ni ocupó, ni mandó ocupar ni constan instrucciones para impedir el paso a los agentes, aunque sus objetivos se beneficiaron de ello.

Lo ocurrido pone en solfa la capacidad de los poderes públicos para eso de “cumplir la ley” y supone un baño de humildad para las rimbombantes actitudes que nos salvan, supuestamente, del caos. Desconocemos medidas, que hubiera sido legítimo tomar en frío, y pudiera ser que hasta obligado si nos creemos lo que nos dicen, ante los que participaron  en la ocupación de centros públicos (hay poco respeto por lo público en general y esos centros no se deberían utilizar alegremente y quizá la orden judicial que distinguía esa titularidad en la actuación policial tenía clara la trascendencia del uso de un bien público) o incumplieron su misión de custodiarlos. Lo que supone un precedente de alcances insospechados, porque si   todo depende del número…

El juicio de ZD: 12. La larga sombra de la tradición

En los alegatos finales de acusaciones y defensas ha habido de todo: discursos magníficos, especialmente por parte de algún abogado, que han estado a la altura de lo que se esperaba, y otros, quizá por haber escogido una difícil línea de defensa,  que han quedado por debajo de lo que requiere un juicio de tanta importancia. Los argumentos principales están claros, pero hay que reconocer que los fiscales, por muy brillante y florido (y tan delicioso que hasta hemos podido escuchar referencias a la mitología griega)  que haya sido la alocución de uno de los acusadores públicos, no han podido ajustar exactamente los hechos a los requisitos literales del delito de rebelión. De ahí que una gran parte de los razonamientos  tengan que ver con la asignación de la etiqueta de actos violentos a los acontecimientos que nos han mostrado y relatado. De alguna manera, las abogadas del Estado, al sostener  que no hay rebelión,  se han convertido en defensoras de los acusados y se han producido interpelaciones al efecto entre ellas y los fiscales, lo que genera cierta  perplejidad. Por ello, las defensas lo han tenido fácil para encontrar la artillería con la que rebatir la acusación más grave y han puesto de manifiesto el encaje de bolillos que tiene que hacer la acusación pública para que se pueda leer en la ley aquello que no está escrito. Pero no adelantemos acontecimientos; tiempo hay para analizar lo que se juzga, así como otras circunstancias que se han puesto de manifiesto a lo largo de todas las sesiones que hemos podido contemplar y que están al margen del proceso, pero de las que podemos sacar conclusiones de diversa índole.

Como el asunto de la violencia es determinante, en algún caso se recalcó la trayectoria no violenta del acusado, llegando incluso a incluirlo en la “tradición cristiana de la no violencia”. Claro, porque no se podrá decir lo mismo de la tradición republicana ni de la de izquierdas, que debe ser que no tienen esa “tradición” pacifista. Bien está que se utilicen todos los medios propios de la práctica judicial para conmover a los jueces, pero deberían evitarse demagogias tan evidentes que sonrojan y que a buen seguro no influirán en este tribunal por aquello de que obras son amores. Y es lo que hay que juzgar: si los acusados son responsables de algún tipo de violencia en el transcurso de las jornadas en las que se intentó la independencia, aunque estén apuntados a ese pacifismo cristiano tan discutible como las raíces cristianas de Europa, basadas en la asunción e imposición de una fe de estado por parte de monarcas hegemónicos “iluminados” por la divinidad. Porque es posible que esa referencia al cristianismo militante, reflejada al principio y al final del juicio, tan impertinente, tan contrapuesta a lo que significa el verdadero republicanismo, pretenda echar un brazo por encima a la Europa que se pronunciará sobre los derechos humanos y sobre la respuesta española al secesionismo catalán, incluido el poder judicial. Tampoco beneficiarán, para una sentencia favorable, estilos de discurso defensor en el terreno coloquial y en el que se quitan importancia a los insultos de las masas a los policías porque “van con el cargo”. Como no se pueden negar esos insultos, que todos hemos escuchado en las grabaciones, la estrategia es pretender disminuir su importancia, llegando a afirmar que “un modelo donde nadie  insulta no es bueno”. ¿Un modelo? ¿Qué filósofo, pensador o intelectual ha producido semejante creación? No lo sabemos porque no se citó al autor, se soltó ese “sublime pensamiento” y ya.

No se muestra  mucha confianza en los argumentos relacionados con hechos y pruebas o en un juicio justo cuando se insta al tribunal a emitir sentencias que resuelvan  conflictos. Habrá que ver si los jueces ven con buenos ojos que por encima de su decisión planee la posibilidad de que lejos de resolver conflictos (que crean otros) se profundice más en ellos, como pudimos escuchar, no sé si como consejo o advertencia.

Hay que imaginarse a unas personas a las que se entrega el poder de decidir sobre la vida de los demás, sobre la organización social y la convivencia. Esas personas asumen voluntariamente esa responsabilidad, igual que la gente debería asumir las consecuencias de las decisiones que toma y de la entrega de ese poder a los políticos. Pues bien,  se dice en el juicio, para que no se tengan en cuenta declaraciones comprometedoras de un acusado, que son cosas que se dicen pero que todos sabemos para qué vale lo que dice un político. Tal cual. Y luego el sistema se desvive por los debates electorales, tan determinantes. Lo dicho me dejó la impresión de que se trata al político como a un menor de edad al que no hay que tomarse muy en serio. Claro, que quizá sea a la gente, en general, a la que se trata como a menores de edad que se tragan cualquier bola y que respaldarán, obedientes, a esas personas, tan de palabra, que son los políticos.

Los acusados tuvieron su turno final. Nadie les interrumpió ni les contradijo. Escuchamos alguna cosa interesante y otras perfectamente prescindibles. Pero además de las palabras me llamó la atención la actitud general de los procesados, que quizá este Zorro Desenmascarador analice en alguna ocasión, aunque de momento se puede decir que contrasta una actitud general de superioridad moral en alguno de ellos con el intento de crear un embrollo con los derechos de manifestación, de reunión y de protesta. Porque se  habló del derecho de manifestación y de reunión como amparo a las movilizaciones ante cuarteles, sin tener en cuenta que los que sufrían esas actuaciones no eran responsables políticos ni tenían capacidad de negociar ni de cambiar las circunstancias. Se dijo que es el derecho de reunión el que ampara el recibir a la policía sentados y entrelazados para que no se llevara urnas y papeletas, cuando más bien se trata de una protesta por una orden judicial y una forma de  impedir su cumplimiento. Supongo que si hay delito no es por reunirse, sino  por lo que se hizo una vez reunidos.

No dejan buena impresión  las últimas palabras de los acusados, salvo aquella que se limitó a reclamar justicia, expresando su sentir sin recursos fáciles ni fuegos de artificio, que curiosamente coincide con una intervención magnífica de su abogado.  Por el contrario, causa indignación en nombre de la dignidad  la apelación a buscar una especie de complicidad paternalista en el tribunal al reconocer que es posible que se haya hecho algo indebido pero que todo el mundo, alguna vez, ha hecho alguna trampilla; y se puso como ejemplo saltarse los límites de velocidad en carretera o llevar la basura al contenedor en horas a las que no está permitido. Se podía, ya puestos,  haber seguido con los ejemplos de trampillas y haber hablado del tres por ciento o de los capitales en Andorra o de la ocultación de dineros a Hacienda, cosa que no parece estar demasiado mal vista cuando se emiten deliciosos gorgoritos.

Visto. Pero esto no ha terminado.

El juicio de ZD: 11.¿Verán la imagen con la joven o con la vieja?

Imágenes. Hemos visto muchas imágenes;  y hemos escuchado gritos, voces, arengas, tan significativos como las imágenes. Nos han mostrado fotografías con varias personas con la cabeza sangrante, pero no se han podido ver las circunstancias en las que se han producido tales heridas. Pero lo que más impresiona es escuchar a un niño de unos diez años, calculo, provocar e insultar a los guardias. Es así, con ese padre junto al hijo expresando su violencia verbal, como se alimenta la intolerancia y se siembran odios irredentos encerrados  en el círculo vicioso de la afrenta permanente.

Como reconoció uno de los abogados en el momento de  renunciar a cualquier impugnación de las imágenes propuestas como prueba por la acusación, pueden, estas imágenes, servir tanto a las tesis defensoras como a las acusadoras. Pareció por un momento que las defensas ganarían la partida de la exhibición de los vídeos probatorios que presentaban los fiscales ya que estos se mostraron confusos para señalar hora y lugar de las escenas mostradas en los vídeos, dejando a estos fiscales en mal lugar, sobre todo tras la presentación, ordenada y precisa, de los vídeos propuestos por las abogadas del Estado. Ya se comprobará el alcance de esa imprecisión de los fiscales ante el tribunal, pero si hay que dar una impresión general de lo sucedido el 1 de octubre, a través de las imágenes de unos y de otros, será que, en la mayoría de los casos, la policía retiró a los componentes de las barreras humanas  “a mano”, sin emplear medios más contundentes de disolución de masas, aunque en algún caso sí hubo utilización de porras y deplorables secuencias de algún policía propinando un manotazo en la cara y a otro, de paisano, con peto, empujando con el pie a un sujeto que trataba de levantarse del suelo.

La acción policial supuso un esfuerzo ímprobo  para abrirse paso a través de las barreras humanas, de puertas atrancadas y accesos cerrados;  y total para intervenir en un pequeño porcentaje de los centros de votación abiertos, con lo que parece que la ecuación coste-beneficio no presenta un resultado positivo. Da la impresión de que si formalmente se cumplía con un mandato judicial, allí se ventilaba algo más: un pulso entre los que prometieron que habría consulta y los que aseguraron que lo impedirían. Porque si las fuerzas de seguridad actuaban como policía judicial, como nos han repetido hasta el cansancio, debería haber sido la autoridad judicial la que tendría que haber estado al tanto de las circunstancias  y dificultades con las que los agentes se iban encontrando, sobre todo ante unos acontecimientos tan poco corrientes, y ajustar ese mandato a la respuesta de la población y a la capacidad de la policía. La situación era tan especial que emitir un auto con orden de impedir el acto de votación con una escueta referencia al mantenimiento de la paz ciudadana, que cada uno ha entendido como le ha parecido, sin un seguimiento y una toma de decisiones actualizada minuto a minuto  se me antoja inapropiado. De haberse producido una mejor coordinación judicial se podría haber corregido, o respaldado, en el acto, la acción de la policía autonómica, tan distinta a la de los otros cuerpos policiales. Una policía autonómica aplaudida por el gentío del 1 de octubre,  a la que gritaban “esta es nuestra policía” cuando la pareja de agentes se retiraba ante la imposibilidad de cumplir la orden judicial. Sí, era “su” policía; pero tampoco la dejaron pasar.

El juicio de ZD: 10. Carrer Major y el madrugón de la "clase media"

Ese porcentaje de personas que disfrutan exageradamente siendo el centro de atención, que no ven más allá de su ombligo, de tal manera  que son incapaces de responder razonablemente a lo que se espera de ellos, nos lo encontramos también entre los testigos. Así hemos soportado, todos, testigos insufribles, incapaces de ir al grano, de expresarse con sencillez y eficacia. Y no sé si las defensas han valorado correctamente la influencia de sus testigos  en el devenir de la causa, porque a veces da la impresión de que por encima de los intereses concretos de sus defendidos se defiende otra causa más general y difusa que sería la absolución de culpa del movimiento secesionista catalán, como si conseguido esto se consiguiera por ende la exculpación de esos  acusados. Si esta es la estrategia, es digna de respeto, aunque sujeta a controversia; pero si los abogados se dejan llevar por unos testigos incontrolados, dejan la iniciativa a declarantes dispuestos a chupar cámara, a exhibirse, a mostrar su activismo o a contar con pelos y señales lo que han preparado previamente, perjudican la defensa de los acusados porque queda menoscabada  la credibilidad de los testimonios.

En las últimas sesiones las defensas no han cosechado muchos triunfos en la partida (a excepción de los relatos sobre  la actuación de las fuerzas policiales para evitar la votación):  hemos conocido tuits que han arruinado testimonios; se han confrontado hechos con reputación y con opiniones personales sobre la trayectoria de los acusados, haciéndonos recordar aquellos tiempos en los que los párrocos certificaban la buena conducta de los vecinos. Ya se verá la influencia que tendrán en el tribunal las declaraciones que son claramente partidistas, ya que se trata de testigos cuya postura fue participar en la consulta aun reconociendo que conocían su ilegalidad, que no solo iban a votar, que acudieron de madrugada a los centros electorales para ayudar, que se interpusieron para impedir el paso a la policía y que ponen por encima de las disposiciones judiciales, como respetables antisistema, su capacidad de decisión al margen de lo establecido.

Una situación, la de millones de personas de diferentes edades y ocupaciones, que se han creído eso de la “fiesta de la democracia” y que ahora lo reivindican y lo celebraron cuando les pareció y se encontraron exultantes por poder decidir , hasta que irrumpieron las fuerzas del orden allí donde pudieron.  Y da la impresión de que el orden social que otorga la organización de la sociedad a instituciones que promulgan leyes y las hacen cumplir se ha trastocado, y en lugar de considerar la acción de esas instituciones como un logro se tienen por ilegítimas. Algún declarante ha hablado de “hito colectivo” y ciertamente lo es porque hemos podido escuchar a componentes de eso que llaman clase media, con una teórica aversión al riesgo social, decir que votaron a pesar de saber que estaba prohibida la celebración de la consulta, que se levantaron a las cinco o a las seis de la madrugada de un domingo para constituir mesas electorales o ayudar en lo que fuera necesario y que se sentaron en el suelo de patios, vestíbulos y escaleras  para resistirse al cumplimiento de disposiciones judiciales; es un hito porque en muchísimas localidades la policía no pudo impedir la votación debido a las multitudes que se agolpaban en los accesos; y es un hito porque un gran gentío se rigió por su propia “ley”, allí mismo, en el acto.

Hemos escuchado testimonios sobre puñetazos y agresiones impropias de una correcta actuación policial que a todos nos han producido displacer, como nos lo producían las declaraciones sobre golpes más o menos evidentes que se propinaban a los agentes y sobre el acoso más o menos intenso llevado a cabo en las proximidades de las casas cuartel de la Guardia Civil. Pero estas situaciones relatadas no las debemos dejar pasar sin más, porque nada sucede porque sí;  es necesario reflexionar sobre cómo se puede llegar a determinados niveles de actuación agresiva, lo que hay detrás de ello y quién “carga las pilas”, para que asuma su responsabilidad moral, ya que otro tipo de responsabilidad supongo que será difícil de demostrar. Dicho esto, también hay que decir que no se puede cargar totalmente esa responsabilidad (esa tensión mutua previa), en los hombros de líderes, dirigentes, gobernantes o en creadores de opinión, ya que cada persona dispone de razón y voluntad para tomar sus decisiones y no puede quedar eximida como si fuese un borrego que no sabe a qué lugar lo llevan. O estamos plenamente mediatizados y actuamos como marionetas  por quien sabe manejar los hilos o asumimos las decisiones que tomamos en libertad de conciencia; lo que no sirve es acogerse a la primera postura cuando toca repartir culpas.

Hay que imaginarse el ambiente eufórico que se pudo dar en ese “pueblo pequeño, donde nos conocemos todos”, según los testimonios, que encontraron en la celebración de la consulta una causa común, con una unanimidad difícil de hallar si no es en el día de la fiesta mayor de la localidad. Tiene sus ventajas, no digo que no, residir en un sitio así, tan bucólico y solidario, pero para la libertad de pensamiento y de estilo de vida… ¡líbrenos el destino de los pueblos pequeños, donde se conocen todos!