El juicio de ZD: 11.¿Verán la imagen con la joven o con la vieja?

Imágenes. Hemos visto muchas imágenes;  y hemos escuchado gritos, voces, arengas, tan significativos como las imágenes. Nos han mostrado fotografías con varias personas con la cabeza sangrante, pero no se han podido ver las circunstancias en las que se han producido tales heridas. Pero lo que más impresiona es escuchar a un niño de unos diez años, calculo, provocar e insultar a los guardias. Es así, con ese padre junto al hijo expresando su violencia verbal, como se alimenta la intolerancia y se siembran odios irredentos encerrados  en el círculo vicioso de la afrenta permanente.

Como reconoció uno de los abogados en el momento de  renunciar a cualquier impugnación de las imágenes propuestas como prueba por la acusación, pueden, estas imágenes, servir tanto a las tesis defensoras como a las acusadoras. Pareció por un momento que las defensas ganarían la partida de la exhibición de los vídeos probatorios que presentaban los fiscales ya que estos se mostraron confusos para señalar hora y lugar de las escenas mostradas en los vídeos, dejando a estos fiscales en mal lugar, sobre todo tras la presentación, ordenada y precisa, de los vídeos propuestos por las abogadas del Estado. Ya se comprobará el alcance de esa imprecisión de los fiscales ante el tribunal, pero si hay que dar una impresión general de lo sucedido el 1 de octubre, a través de las imágenes de unos y de otros, será que, en la mayoría de los casos, la policía retiró a los componentes de las barreras humanas  “a mano”, sin emplear medios más contundentes de disolución de masas, aunque en algún caso sí hubo utilización de porras y deplorables secuencias de algún policía propinando un manotazo en la cara y a otro, de paisano, con peto, empujando con el pie a un sujeto que trataba de levantarse del suelo.

La acción policial supuso un esfuerzo ímprobo  para abrirse paso a través de las barreras humanas, de puertas atrancadas y accesos cerrados;  y total para intervenir en un pequeño porcentaje de los centros de votación abiertos, con lo que parece que la ecuación coste-beneficio no presenta un resultado positivo. Da la impresión de que si formalmente se cumplía con un mandato judicial, allí se ventilaba algo más: un pulso entre los que prometieron que habría consulta y los que aseguraron que lo impedirían. Porque si las fuerzas de seguridad actuaban como policía judicial, como nos han repetido hasta el cansancio, debería haber sido la autoridad judicial la que tendría que haber estado al tanto de las circunstancias  y dificultades con las que los agentes se iban encontrando, sobre todo ante unos acontecimientos tan poco corrientes, y ajustar ese mandato a la respuesta de la población y a la capacidad de la policía. La situación era tan especial que emitir un auto con orden de impedir el acto de votación con una escueta referencia al mantenimiento de la paz ciudadana, que cada uno ha entendido como le ha parecido, sin un seguimiento y una toma de decisiones actualizada minuto a minuto  se me antoja inapropiado. De haberse producido una mejor coordinación judicial se podría haber corregido, o respaldado, en el acto, la acción de la policía autonómica, tan distinta a la de los otros cuerpos policiales. Una policía autonómica aplaudida por el gentío del 1 de octubre,  a la que gritaban “esta es nuestra policía” cuando la pareja de agentes se retiraba ante la imposibilidad de cumplir la orden judicial. Sí, era “su” policía; pero tampoco la dejaron pasar.

El juicio de ZD: 10. Carrer Major y el madrugón de la "clase media"

Ese porcentaje de personas que disfrutan exageradamente siendo el centro de atención, que no ven más allá de su ombligo, de tal manera  que son incapaces de responder razonablemente a lo que se espera de ellos, nos lo encontramos también entre los testigos. Así hemos soportado, todos, testigos insufribles, incapaces de ir al grano, de expresarse con sencillez y eficacia. Y no sé si las defensas han valorado correctamente la influencia de sus testigos  en el devenir de la causa, porque a veces da la impresión de que por encima de los intereses concretos de sus defendidos se defiende otra causa más general y difusa que sería la absolución de culpa del movimiento secesionista catalán, como si conseguido esto se consiguiera por ende la exculpación de esos  acusados. Si esta es la estrategia, es digna de respeto, aunque sujeta a controversia; pero si los abogados se dejan llevar por unos testigos incontrolados, dejan la iniciativa a declarantes dispuestos a chupar cámara, a exhibirse, a mostrar su activismo o a contar con pelos y señales lo que han preparado previamente, perjudican la defensa de los acusados porque queda menoscabada  la credibilidad de los testimonios.

En las últimas sesiones las defensas no han cosechado muchos triunfos en la partida (a excepción de los relatos sobre  la actuación de las fuerzas policiales para evitar la votación):  hemos conocido tuits que han arruinado testimonios; se han confrontado hechos con reputación y con opiniones personales sobre la trayectoria de los acusados, haciéndonos recordar aquellos tiempos en los que los párrocos certificaban la buena conducta de los vecinos. Ya se verá la influencia que tendrán en el tribunal las declaraciones que son claramente partidistas, ya que se trata de testigos cuya postura fue participar en la consulta aun reconociendo que conocían su ilegalidad, que no solo iban a votar, que acudieron de madrugada a los centros electorales para ayudar, que se interpusieron para impedir el paso a la policía y que ponen por encima de las disposiciones judiciales, como respetables antisistema, su capacidad de decisión al margen de lo establecido.

Una situación, la de millones de personas de diferentes edades y ocupaciones, que se han creído eso de la “fiesta de la democracia” y que ahora lo reivindican y lo celebraron cuando les pareció y se encontraron exultantes por poder decidir , hasta que irrumpieron las fuerzas del orden allí donde pudieron.  Y da la impresión de que el orden social que otorga la organización de la sociedad a instituciones que promulgan leyes y las hacen cumplir se ha trastocado, y en lugar de considerar la acción de esas instituciones como un logro se tienen por ilegítimas. Algún declarante ha hablado de “hito colectivo” y ciertamente lo es porque hemos podido escuchar a componentes de eso que llaman clase media, con una teórica aversión al riesgo social, decir que votaron a pesar de saber que estaba prohibida la celebración de la consulta, que se levantaron a las cinco o a las seis de la madrugada de un domingo para constituir mesas electorales o ayudar en lo que fuera necesario y que se sentaron en el suelo de patios, vestíbulos y escaleras  para resistirse al cumplimiento de disposiciones judiciales; es un hito porque en muchísimas localidades la policía no pudo impedir la votación debido a las multitudes que se agolpaban en los accesos; y es un hito porque un gran gentío se rigió por su propia “ley”, allí mismo, en el acto.

Hemos escuchado testimonios sobre puñetazos y agresiones impropias de una correcta actuación policial que a todos nos han producido displacer, como nos lo producían las declaraciones sobre golpes más o menos evidentes que se propinaban a los agentes y sobre el acoso más o menos intenso llevado a cabo en las proximidades de las casas cuartel de la Guardia Civil. Pero estas situaciones relatadas no las debemos dejar pasar sin más, porque nada sucede porque sí;  es necesario reflexionar sobre cómo se puede llegar a determinados niveles de actuación agresiva, lo que hay detrás de ello y quién “carga las pilas”, para que asuma su responsabilidad moral, ya que otro tipo de responsabilidad supongo que será difícil de demostrar. Dicho esto, también hay que decir que no se puede cargar totalmente esa responsabilidad (esa tensión mutua previa), en los hombros de líderes, dirigentes, gobernantes o en creadores de opinión, ya que cada persona dispone de razón y voluntad para tomar sus decisiones y no puede quedar eximida como si fuese un borrego que no sabe a qué lugar lo llevan. O estamos plenamente mediatizados y actuamos como marionetas  por quien sabe manejar los hilos o asumimos las decisiones que tomamos en libertad de conciencia; lo que no sirve es acogerse a la primera postura cuando toca repartir culpas.

Hay que imaginarse el ambiente eufórico que se pudo dar en ese “pueblo pequeño, donde nos conocemos todos”, según los testimonios, que encontraron en la celebración de la consulta una causa común, con una unanimidad difícil de hallar si no es en el día de la fiesta mayor de la localidad. Tiene sus ventajas, no digo que no, residir en un sitio así, tan bucólico y solidario, pero para la libertad de pensamiento y de estilo de vida… ¡líbrenos el destino de los pueblos pequeños, donde se conocen todos!

El juicio de ZD: 9. El "procés" de Kafka

Supongo que no es fácil tener algo de poder, aunque sea el tentador poder de movilizar a las masas, y no sucumbir al peligro de creerse  con la fuerza moral suficiente para instar, recomendar o sugerir, según se mire, pero siempre con una componente paternalista, que unos municipales hagan la vista gorda, que pasen de largo y no se metan en líos y dejen en paz los carteles “Hola República. Sí” y dejen también en paz a los que los portan y pegan en las paredes, porque ¿qué más les da? Pero si a los paternalistas  no se les sigue la corriente y no se asume su  humillante supremacía, entonces el rol que han asumido les llevará a comportarse de forma autoritaria para no perder la ascendencia sobre los que observan la escena, y, por ejemplo, se pondrán delante del coche patrulla con las manos sobre el capó y no darán su permiso para que nadie se vaya hasta que no aparezca cualquier cosa que alguien perdió. No; no es fácil detentar cierta autoridad.
Puede suceder que, por falta de educación ciudadana,  parezca que la policía local está al servicio del alcalde; que estos, los alcaldes, son una especie de caciques que se pueden saltar la cadena de mando y manejar a los agentes a su antojo, y no faltará la persona, de ese tipo de gente capaz de decir “no sabe Vd. con quién está hablando”, que llame por teléfono,  o simule llamar,  a la máxima autoridad municipal para decir “oye tus guardias…”. Y también es posible encontrase con ese concejal prepotente que no dudará en desautorizar a los agentes tomando decisiones para las que no tiene competencias.

Una sociedad es avanzada cuando están generalizados unos comportamientos  y una mentalidad que ponen por encima de cualquier otra circunstancia la libertad de pensamiento y de opción de vida, así como la dignidad de la persona. Y no basta con vivir de las rentas de unos tiempos pasados en la que se podía presumir de ir a la vanguardia de la modernidad social. Siempre habrá individualidades que despunten en un grupo social, en Cataluña, en California o en Hong Kong, pero si el conjunto de la sociedad no está empapada de ciertas actitudes, o ha dejado de estarlo, tendrá que ir pensando en dejar de presumir de adelanto y modernidad. Si la gente, en momentos en los que es posible que se muestre espontánea, desinhibida como para  manifestarse como se es, al encontrarse diluida en la masa,  no actúa bajo los parámetros de modernidad y avance social no se puede decir que ese pretendido carácter avanzado sea una realidad; más bien,  si en algún momento existió,  ahora se ha convertido en un  mito sin fundamento.  En una sociedad como requieren los tiempos actuales no tienen cabida determinados insultos de honda raigambre discriminadora, ni dirigidos contra los policías estatales ni contra nadie.  Si el cesto del cambio político en Cataluña se pretende tejer con los mimbres de masas retrógradas, también capaces de conductas tan poco higiénicas como lo es el lanzamiento  de escupitajos,  a las que todavía no les parecen impensables ciertos  calificativos, reflejo de la íntima mentalidad, no les auguro un porvenir constructivo.            

Los últimos relatos nos han paseado por paisajes “kafkianos” y “surrealistas”, según expresiones de distintos testigos, con grupos de bomberos con la forma física que corresponde, y ataviados con el traje de faena, integrando la masa de resistentes; con unos policías que se  empleaban a fondo para entrar en centros de votación y requisar material electoral venciendo la resistencia de barreras humanas  a veces mansas y a veces bravas, mientras la pareja de policías autonómicos de rigor veía todo desde la barrera, en lontananza, incluso apartándose tras un seto, sin dignarse a echar un capote porque ni ese toro era el suyo ni tenían órdenes de saltar al ruedo. Una faena en la que se pueden cortar orejas, y el rabo.

El juicio de ZD: 8.Catalonia Street Blues (Canción triste)

La caballería avanzaba por el desfiladero y a su paso, desde las alturas, vigías apostados estratégicamente se comunicaban en la distancia mediante  los destellos que producía el sol en los pequeños espejos que manejaban. Cuando los soldados llegaron a su destino, los indios tenían preparado el recibimiento. Así  pudo ocurrir en algún territorio americano en aquellos lejanos tiempos de la conquista del Oeste. Y algo así nos han relatado que sucedió con un convoy policial marchando hacia algún lugar de Cataluña para impedir actos prohibidos, pero utilizando teléfonos móviles en lugar de un método tan arcaico como el uso de reflejos luminosos.

Y ya que estamos rememorando escenas de antaño que bien podríamos haber disfrutado en la gran pantalla, también puede suceder que el juego que los independentistas de calle se han traído entre manos se parezca mucho a las carreras, los engaños, los quiebros y persecuciones propios de un corto de Tom y Jerry. Un gato persiguiendo con ganas a un ratón que hace lo que sea para no ser cazado. Para ello, el ratón necesita dosificar su esfuerzo, ser preciso, ajustar su velocidad para no ser alcanzado y poder cambiar bruscamente de dirección y meterse en el escondite salvador.

Los testimonios de los últimos días, sobre todo de actuaciones en centros de votación del pretendido referéndum, parecen el juego inteligente de un ratón ante la fuerza bruta del gato. La inteligencia estuvo, está, en mostrar concertadamente brazos en alto y cánticos que proclaman que se es gente de paz e invitando jocosamente a que se marche la fuerza pública mientras se aplica el típico juego subterráneo de patadas, zancadillas y esparcimiento de lavavajillas para procurar patinazos, como si todo fuera parte de una representación cuyo guion tenía por objeto hacer una cosa y que parezca otra. De esta manera, cuando se relataban golpes a los componentes de los dispositivos de la policía, las defensas de los acusados recordaban que había brazos levantados y autodefiniciones cantadas de ser gente de paz. Tampoco me ha convencido el haber dejado caer, durante las sesiones del juicio, que los actos de resistencia más violenta se producían cuando algún manifestante sufría un  acto de fuerza de los antidisturbios. La gente de paz debe tener el umbral de contestación a la actuación policial algo más alto. Eso es lo que esperaban los componentes de los equipos operativos que se disponían a impedir las votaciones, que la resistencia fuese pasiva, y acudían sin especial protección en varios casos, como si fuesen a realizar una prueba de alcoholemia a un conductor imprudente, echando de menos, pronto, casco y espinilleras.

Las versiones de los mandos de la policía autonómica y las de los responsables de la estatal son totalmente divergentes en cuanto a la interpretación de lo que suponían las órdenes del juzgado competente y las previas del fiscal para hacer frente a la convocatoria electoral y también respecto a la disposición y capacidad de actuación de las fuerzas del orden de Cataluña. Se puede decir que los ingredientes del cóctel necesario para que la operación tendente a  evitar el referéndum saliese mal estaban mezclados y listos para ser servidos: imposición de un coordinador, de carácter “híbrido entre político y operativo”, según un testigo de la policía autonómica; desconfianzas mutuas; ideas preconcebidas alimentadas por aquí y por allá; falta de comunicación; ruptura de acuerdos previos sobre formas de coordinación, que llegó a fragmentarse en células (una por provincia) que no se informaban entre sí ni tomaban decisiones conjuntas. A mi entender, las explicaciones del segundo responsable de la policía autonómica han sido más convincentes que las del coordinador del dispositivo general, y sus subordinados más inmediatos, respecto a la actuación generalizada, previamente acordada, de la policía catalana; respecto a los llamados seguimientos en los movimientos de las policías estatales y a  las referencias a las comunicaciones entre policías autonómicos, incluido el uso de la clave 21* (por fin nos hemos enterado qué significaba); respecto a los intentos para que la Generalitat desconvocase la votación por ilegal y peligrosa para el orden público, etc. No creo, por lo visto hasta ahora, en una actitud general de la policía autonómica que se pueda considerar  “estafa”, como se ha dicho por parte de una de las versiones, ni de obstrucción deliberada a los mandatos legales.

Estas “peleas” entre distinto cuerpos policiales, o entre sus mandos, no nos deberían coger por sorpresa. Las causas, consecuencias y motivaciones de esas disputas no escapan a las circunstancias de la condición humana y son una buena fuente de inspiración para todo tipo de fabulaciones que han quedado plasmadas en multitud de films en grandes y pequeñas pantallas. Que pregunten al FBI, a la DEA, al NYPD, a la policía de Los Ángeles y al sheriff del condado.

*La clave 21 es un sistema de comunicación a través de teléfonos móviles, menos transparente que  el uso de las emisoras oficiales de la policía. Su utilización se ha justificado como un medio de evitar  la saturación de las comunicaciones por radio.

El juicio de ZD: 7.Cambiando el collar al perro

Quiero pensar que no se pueden conseguir grandes cosas con renglones torcidos. Que no tiene sentido ir en contra del estado actual de la sociedad y utilizar las triquiñuelas, corruptelas, métodos e hipocresías de esa sociedad que se quiere cambiar. Sabemos que se han justificado gastos de recursos públicos para pagar informes de apenas unos folios, conteniendo obviedades o aplicando el enorme esfuerzo que supone encender el ordenador y copiar de acá y de allá. Siempre se han buscado las grietas del sistema para burlarse de él; no en el sentido de sacar a flote sus debilidades y ponerlo en ridículo con la esperanza de una contrición, sino esa burla que consiste en escapar al control para obtener un provecho, generalmente crematístico. Expedientes, informes, certificados, dictámenes: hemos llegado al culmen de la burocracia; no se calma ese desasosiego propio del indocumentado hasta que no obtenemos ese PDF que nos dice que estamos en paz con Hacienda, que se ha registrado la solicitud o declaración, que no estamos inhabilitados para determinado empleo o cuánta energía se traga la cueva que vamos a comprar, vender o arrendar. Parece ser que se ha creado toda una industria del papeleo, en versión digital o clásica, en la que tienen que ser los expertos los que nos certifiquen lo que cualquiera podría ver estando un poco atento a lo que se ve por la ventana. No es de extrañar que nos hayamos encontrado con personas a las que le parece natural que un organismo, en gran parte dependiente económicamente de la Generalitat, sufrague la estancia de un grupo de expertos extranjeros y les encargue, bajo remuneración, un estudio sobre la situación política en Cataluña “en perspectiva histórica”. Grave. A alguna mente brillante se le ocurrió esta excusa, con el apoyo tradicional de la “generosidad” de las instituciones públicas, para introducir en el escenario unos actores internacionales que pudieran ser testigos  del desarrollo del referéndum del 1 de octubre y de los acontecimientos que lo rodeasen. Los antisistema se deberían plantear  qué están apoyando.

La idea de los observadores ha surtido el efecto de poner de manifiesto, a mi entender y seguramente al del tribunal, el empleo inadecuado de recursos. Y no creo que sirva de mucho que una defensa preguntase a la coordinadora del grupo de expertos si no se habrían dejado de respetar  derechos humanos, porque las circunstancias de trabajo de dicho grupo ponen en entredicho su neutralidad. En cualquier caso, no pudo contestar porque el presidente consideró la pregunta impertinente, ya que eso excedía lo que un testigo podía declarar y la determinación de una posible conculcación de derechos humanos era tema reservado a la decisión del tribunal. Me imagino que sobre derechos humanos habrá otras instancias superiores que tendrán algo que decir.

Estos últimos días han sido provechosos para la acusación; no solamente por lo  explicado más arriba, también por los relatos de concentraciones y actuaciones de personas revoltosas ante acuartelamientos de la Guardia Civil, con presencia, en algún caso, de autoridades y funcionarios locales. Seguramente por eso los abogados han perdido cierto protagonismo e incluso me ha parecido ver nerviosismo en alguna de sus actuaciones.  Y eso que, según mi criterio, la acusación popular obtiene muchas veces respuestas de los testigos que alegrarán a las defensas. Estos acusadores están empeñados en preguntar sobre invasiones de instalaciones o acuartelamientos y sobre personas que se erigiesen en líderes de las masas concentradas y movilizadas. Y una tras otra, las respuestas de los testigos policiales ha sido “no”, “no” y “no”. Pero ellos erre que erre, a piñón fijo. ¿Por qué será?

El juicio de ZD: 6.Lo que pudo ser y no fue

Independientemente de la calificación de los hechos, lo que parece que se ha constatado ha sido el desbordamiento de las fuerzas policiales para manejar diversos actos y concentraciones en los que han intervenido gran cantidad de personas. Por los relatos que hemos podido escuchar, muchos de los efectos de la presencia de tantas personas se han movido en el terreno de lo potencial: temor a agresiones, a anulación de las fuerzas policiales en misión y a la invasión o toma de edificios en los que se practicaban registros o confiscaciones. Salvo momentos de “lluvia de botellas de agua”, que resultaron ser entre dos y cinco, insultos y gestos de rechazo y odio, entorpecimiento del movimiento de vehículos policiales utilizando vallas y zanjas de obra, y el efecto que produce la presencia en vías y accesos de miles de personas, muy pocos de los temores que despertaron las movilizaciones se vieron cumplidos. Ni se tomaron edificios oficiales, ni naves, ni empresas, ni rehenes; esas cosas propias de revueltas populares. Los registros se realizaron sin impedimentos dignos de mención en el interior de los edificios, cosa que, como nos han pintado, habría sido fácil impedir con esas masas enfervorecidas si se hubiesen dispuesto a ello. Dicen que Forcadell se apareció por alguna de esas concentraciones para sacar la mano por la ventanilla del coche y agitar a la masa, lo que despertó las sonrisas de los abogados que escuchaban el relato. Ante esta  aparición, por aquellas cosas de la mente, evoqué otras apariciones resplandecientes entre el follaje de un arbusto.

Creo relevante la insistencia de los abogados defensores en poner de manifiesto la transmisión de las pautas de actuación, por parte de los mandos, a las fuerzas del orden que actuarían en la calle para reprimir la celebración del referéndum. Parece ser que, a partir de un punto, en las directrices, emanadas de la orden judicial, dejó de existir la referencia a que la actuación policial debería salvar la integridad de las personas y la convivencia e informar a la policía autonómica en el caso de encontrarse con impedimentos importantes. Y, gracias a las preguntas de estos abogados, un testigo afirma que agentes antidisturbios que intervinieron  en la entrada en un centro de votación no exhibían identificación, sin que se haya dado motivo razonable para tal anonimato. Obras son amores.

La Generalitat se adhirió a una huelga general, lo que desborda la neutralidad de una institución oficial ante una situación  que se suele utilizar para desestabilizar el sistema establecido del que ella misma forma parte y del que debe responder ante la totalidad de los ciudadanos.  (Análisis de profundidad que dejamos para desarrollarlo en otro momento.) También parece que los hechos, obtenidos del análisis de comunicaciones de la policía autonómica, nos muestran unas comunicaciones verbales y correos electrónicos con miembros de la policía catalana que ponen en duda, al menos por parte de algunos componentes de esa policía, su disposición a colaborar lealmente con las policías estatales (que no se les viera junto a Policía Nacional y Guardia Civil, por ejemplo) y a maquillar de eficacia intervenciones de material para el referéndum cuando la votación había sido terminada .Los hechos son los hechos. La palabra envuelve, seduce, enardece.

El juicio de ZD: 5.El Molt Honorable ciudadano europeo procesado rebelde

Me imagino que los que ven en el Muy Honorable expresidente de la Generalitat de Cataluña, señor Puigdemont,  una  bestia negra  de la integridad territorial de España y de su sistema judicial  experimentarán cierto placer cuando el fiscal se refiere al político, una y otra vez, apelando a su situación jurídica,  como procesado rebelde Puigdemont. Parece que, con esa reiteración, se puede encontrar consuelo del  “quiero y no puedo” llamando al expresidente, residente en la Unión Europea, lo máximo que, hasta ahora, es permisible. Sí;  procesado rebelde, pero solo en España. Situación anómala que debería hacer reflexionar sobre la calificación de los posibles delitos y sobre lo que significa ser parte de una Unión formada por naciones líderes mundiales en usos democráticos y respeto a los derechos de los ciudadanos. Una situación anómala propiciada por España, al haber apostado al juego de “Todo o nada”. Mucho se habla de los peligros de la Unión: insolidaridad entre países, auge de los escépticos en la comunidad europea, salida de naciones, etc.  Pero este empeño en prescindir de los mecanismos compartidos para la persecución de los delitos es especialmente dañino porque se nos dice que la Unión no nos sirve y España decide hacer de su capa un sayo. Obras son amores, y por encima de la eficacia están las garantías de los ciudadanos de los que Europa es valedora y siempre, afortunadamente, tiene la última palabra.

Objeto de polémica, a todos los niveles,  es la actitud de la policía autonómica frente a las órdenes judiciales para impedir el referéndum, su relación con las autoridades  catalanas, con la coordinación y con los mandos de los demás cuerpos policiales. Se ha hablado de desconfianza hacia la policía catalana porque las policías estatales recogieron información  sobre centros de votación en los días previos al 1 de octubre, por ejemplo. Y se ha hecho frente a esa desconfianza mostrando la postura de la policía catalana de respeto a las decisiones judiciales y a la ley, mostrando el malestar existente en estas fuerzas del orden al observar la deriva de ilegalidad que emanaba de las actuaciones de la Generalitat y relatando los intentos para que el poder político detuviera el referéndum. Hay que hacer constar que se le dijo a la policía autonómica, por parte de los dirigentes de la Generalitat,  "que hiciera su trabajo", que  es cumplir la ley. Es notable el esfuerzo de las dos partes por convencer a los demás de sus tesis: por un lado las policías estatales, sus mandos políticos y operativos, sobre la falta de disposición de las fuerzas autonómicas y su deslealtad; y por el otro los mandos de la policía autonómica desmarcándose de las intenciones secesionistas de los dirigentes políticos. Como prueba de esto último el titular (que tan bien viene a los medios de comunicación de masas): la policía autonómica tenía un plan para detener a Puigdemont.

El presidente del tribunal no suele interrogar a los testigos, pero en esta ocasión, amparado por la ley, cuando terminó la intervención  de todas las partes, utilizó su derecho para hacer una sola pregunta al máximo responsable de la policía autonómica durante el desarrollo de los hechos que se juzgan: ¿cuál era el motivo por el que el testigo, el señor Trapero, solicitó una reunión, a la que se había hecho mención con anterioridad, con los máximos responsables de le Generalitat? (Respuesta: intentar que se parara el referéndum, esencialmente.) Esta pregunta muestra el gran interés del tribunal por delimitar claramente la responsabilidad de los hechos y distinguir la actuación política de la policial. Pistas de por dónde pueden ir las conclusiones. Algún día llegarán. De acá y de allá.